La denuncia penal presentada ante la Fiscalía a cargo del fiscal Jorge Vaz, cuya audiencia se cumplió en la tarde de este martes, puso en el foco de la controversia al empresario italiano Angelo Perrucci, acusado de insolvencia societaria fraudulenta y lavado de activos en relación con Vidaplan Sociedad Anónima, dueña del Hotel Mantra en La Barra. Este caso, que involucra ventas sospechosas, sociedades offshore y transacciones subvaluadas, pone en jaque propiedades valuadas en millones de dólares, generando un impacto significativo en la región y salpicando a figuras destacadas. El Hotel Mantra, un complejo de lujo ahora cerrado, comprende tres padrones: el hotel, un estacionamiento y seis hectáreas linderas a la Reserva Montoya.
Vidaplan SA estaba controlada por dos grupos de socios: una sociedad uruguaya, representada por una familia local con antecedentes de inversores argentinos, y la sociedad Brook, propiedad de Perrucci. Las tensiones entre ambos escalaron a un juicio civil donde Perrucci perdió en primera instancia y estaba a punto de hacerlo en segunda. Ante esta situación, se alega que Perrucci removió al director representante de los inversores uruguayos y vendió el paquete completo –hotel, estacionamiento y las seis hectáreas– a una sociedad panameña por solo 9 millones de dólares. Un abogado de la empresa aparece como figura clave en esta operación, lo que ha levantado sospechas. Investigaciones preliminares revelan que la sociedad panameña tiene vínculos directos con Perrucci: su director es el mismo que asumió en Vidaplan tras la remoción, y la vicepresidenta de Brook también es directora de esta entidad panameña. Esto sugiere una maniobra diseñada para simular una venta y eludir responsabilidades judiciales, lo que podría configurar un caso de insolvencia fraudulenta.
División y ventas
Posteriormente, un escribano de Maldonado dividió los padrones: la sociedad panameña retuvo el hotel y el estacionamiento, que fueron transferidos a Giuseppe Cipriani en una operación valorada en millones, según reportes previos de Correo de Punta del Este. Fuentes indican que esta transacción pudo haber sido un canje, con Perrucci recibiendo a cambio un penthouse de lujo en el complejo de Cipriani en la manzana 815 de la Rambla Lorenzo Batlle.
Por otro lado, las seis hectáreas adyacentes a la Reserva Montoya, un terreno de alto valor inmobiliario, fueron vendidas por la panameña a Lukiga SA por apenas un millón de dólares. Lukiga está representada por una mujer cercana a Perrucci, una empleada que manejaba operaciones diarias en el hotel. Esta mujer, cuya indagatoria ya se realizó este martes, habría transferido luego derechos posesorios a un argentino residente en La Barra, quien planea desarrollar 41 lotes y cuatro edificios. El valor de mercado de estos terrenos supera ampliamente el precio pagado: un apartamento en proyectos similares cerca del arroyo Maldonado ronda el millón de dólares, y las seis hectáreas permiten hasta 60.000 metros cuadrados de construcción, lo que multiplica su potencial económico. Los denunciantes sostienen que estas ventas subvaluadas y encadenadas configuran lavado de activos, al disimular el origen de fondos y utilizar testaferros para transferir bienes.
Esta dimensión internacional añade complejidad, sugiriendo una red de operaciones que podría involucrar intereses globales. La resolución de esta denuncia, ahora en manos de la justicia tras la audiencia, podría tener implicaciones significativas para el sector inmobiliario y financiero de la región, además de sentar un precedente en la lucha contra el lavado de activos y la insolvencia fraudulenta.
