Una nueva vuelta de tuerca en la investigación por el manejo irregular de dineros públicos en la Junta Departamental salió a la luz en las últimas horas gracias al cruce de información bancaria solicitado por el fiscal Jorge Vaz.
Fuentes del caso confirmaron que el análisis de las cuentas de los implicados arrojó un dato inesperado que complica aún más el panorama. El empresario monotributista contratado para realizar trabajos específicos en la Junta posee una cuenta activa en el Banco República Oriental del Uruguay (BROU). Este hallazgo genera una interrogante clave y difícil de explicar: si el involucrado contaba con una cuenta propia en la entidad estatal, ¿por qué los fondos correspondientes a su labor terminaron depositados en la cuenta del hijo del entonces edil Sánchez?
El caso, que investiga posibles desvíos de fondos públicos durante el período en que Sánchez ejerció como edil, ha involucrado a varios actores clave.
Cruce de datos
Según documentos a los que accedió este medio, los pagos por los trabajos contratados no siguieron el circuito habitual, sino que se redirigieron a cuentas de terceros, lo que sugiere un posible esquema de triangulación para ocultar el destino real del dinero. El fiscal Vaz ordenó el cruce de datos bancarios como parte de una batería de medidas probatorias. “Este tipo de análisis es fundamental para desentrañar redes de irregularidades financieras”, comentó una fuente del caso, aunque evitó dar detalles específicos para preservar la integridad del proceso. La duda planteada por el hallazgo bancario apunta directamente a posibles vínculos familiares en el manejo de los fondos. El hijo de Sánchez no figura en los contratos oficiales ni en las actas de la Junta, lo que intensifica las sospechas de favoritismo o lavado de activos. Expertos en derecho penal consultados indican que este desvío podría configurarse como delito de peculado o fraude al erario público, con penas que oscilan entre 2 y 8 años de prisión.
TCR brindó información a fiscalía
En el marco de la investigación el Tribunal de Cuentas de la República ha proporcionado información a la Fiscalía Departamental de 5° Turno, a cargo del Dr. Jorge Vaz. El caso indaga en transferencias bancarias por servicios supuestamente no prestados durante 2023. Según el oficio N° 2542/2025, fechado el 21 de mayo de 2025 en Montevideo, el Tribunal responde a una solicitud de la Fiscalía del 7 de abril pasado (Oficio N° 57/2025). La investigación, declarada reservada bajo el artículo 259.3 del Código del Proceso Penal, aplica el artículo 45 literal K del mismo código, que permite requerir datos para esclarecer hechos delictivos. La Fiscalía solicitó tres puntos específicos: Identificación de quiénes actuaron como Contador Auditor o Delegado en la Junta durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, los actos administrativos que los designaron y documentación intervenida por el Tribunal de Cuentas relacionada con pagos vía transferencia bancaria a una Caja de Ahorros en pesos del BROU, detallados en un anexo.
En su respuesta, la División Auditoría del Tribunal informó que, en representación del organismo, se desempeñaron como Contadores Delegados la Cra. María Gabriela Quintero Castro (titular) y el Cr. Gilberto Acosta Rodríguez (alterno). Estas designaciones datan de resoluciones antiguas: la primera, del 28 de agosto de 2013, para Quintero Castro; y la segunda, N° 2971/16 del 24 de agosto de 2016, para Acosta Rodríguez.
Respecto a los pagos cuestionados, el Tribunal adjuntó la documentación sometida a su intervención, incluyendo controles sobre el gasto y el pago. Aunque el detalle específico de las transferencias no se detalla en el oficio principal, se remite a los anexos para mayor precisión.
Pedido de formalización
Según informó la periodista Laura do Carmo en las últimas horas, el miércoles 3 de septiembre, a las 14 horas, en la sede penal de 4.º turno, tendrá lugar una audiencia pedida por el fiscal Dr. Jorge Vaz en la que solicitará la formalización del caso para los tres ex presidentes: José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexander Infante por hechos vinculados a corrupción pública.
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