En una audiencia realizada en la tarde de este miércoles en el Centro de Justicia de Maldonado, la jueza penal de 4° Turno, Gabriela Azpiroz, habilitó la formalización solicitada por la Fiscalía contra tres ex presidentes de la Junta Departamental de Maldonado (JDM), todos del Partido Nacional: Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante. Este último fue declarado en rebeldía por no comparecer, lo que derivó en una orden de detención inmediata. Los imputados enfrentan cargos relacionados con corrupción pública durante sus gestiones entre 2020 y 2024.
El fiscal Jorge Vaz, a cargo de la investigación, imputó a Darwin Correa como presunto autor penalmente responsable de un delito continuado de fraude, especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, ambos en calidad de autor. Por su parte, José Luis Sánchez fue imputado como presunto autor de un delito continuado de fraude, especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, ambos en calidad de coautores. Estos delitos, según el Código Penal, conllevan penas que oscilan entre 12 meses y 6 años para el fraude, y de 2 a 8 años de penitenciaría para la falsificación ideológica.
Apelación
Las defensas de Correa y Sánchez, representadas por los abogados Fernando Posadas y Álvaro Garcé, apelaron inmediatamente la decisión de la jueza. Argumentaron sobre “elementos formales” y presentaron informes legales que, según ellos, demuestran la inocencia de sus clientes. Cuestionaron la validez de la convocatoria a la audiencia y la interpretación de las pruebas, solicitando que un Tribunal de Apelaciones revise el fallo. La apelación se basa en discrepancias sobre la calificación de los hechos y la ausencia de pruebas concluyentes de dolo intencional.
Antecedentes del caso
La investigación se originó en una denuncia presentada por por el periodista Jorge Bonica y por ediles del Frente Amplio . El fiscal Vaz analizó movimientos bancarios de los ediles, la Junta y proveedores, revelando un mecanismo de triangulación: una empresa emitía facturas por obras no realizadas, recibía pagos públicos y transfería fondos a familiares o aliados de los imputados. Por ejemplo, se detectaron pagos a un hijo de Sánchez , sin evidencia de trabajos ejecutados.
Según el fiscal, “todas las facturas pagadas corresponden a compras directas por obras no llevadas a cabo”, y se reprocha la falta de motivación en las órdenes de compra. El monto involucrado no fue precisado en la audiencia, pero se estima en miles de dólares desviados de fondos públicos destinados al legislativo departamental.
