El Congreso Nacional de Ediles desató una polémica al gastar cerca de un millón de pesos uruguayos (unos 25.000 dólares) en 589 valijas tipo “carry-on” para regalar a sus miembros. El obsequio, destinado a cada uno de los curules del país, fue financiado con recursos públicos y se realizó sin consulta previa a las juntas departamentales locales, lo que ha sido calificado como un despilfarro innecesario en tiempos de crisis.
La revelación se viralizó en redes sociales y medios de comunicación, gracias a pedidos de acceso a la información pública impulsados por la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana (CONACOPACI).
Esta organización civil, conocida como Watchdog, liderada por el economista Jorge Núñez, denunció la compra como un ejemplo de ineficiencia en el gasto público.
Vía directa
Las valijas, personalizadas con el logo del Congreso, se justificaron oficialmente para facilitar el traslado de los ediles a los congresos mensuales de la entidad. La adquisición se concretó por vía directa, con un costo de 960.000 pesos según documentos obtenidos por CONACOPACI, aunque algunas fuentes elevaron la cifra a casi dos millones de pesos. Los fondos provinieron de aportes mensuales de las juntas departamentales. Esta irregularidad se agrava en un panorama donde algunas intendencias, como la de Florida, lidian con graves problemas financieros: su intendente llegó a renunciar temporalmente a su sueldo para garantizar el pago de salarios.
El escándalo estalló por la persistencia de CONACOPACI, que solicitó datos a las 19 juntas departamentales y directamente al Congreso.
Costos enormes
En una entrevista con este medio, Núñez relató: “Nos informaron que para el congreso de ediles en Salto se compraron unas 600 valijas de viaje como obsequios institucionales para los concejales que asisten a estos eventos. Al recibir la información, nos pusimos a trabajar de inmediato para pedir información mediante el mecanismo de acceso público”. El economista cuestionó duramente la utilidad del gasto: “¿Cuál es el objetivo real? ¿Qué valor agregado tiene para un edil que ya se reúne dos veces por mes en su junta departamental, más un congreso mensual? En lugar de viajes que implican viáticos y dinero de la ciudadanía, podrían usar herramientas tecnológicas como zoom, que son eficientes y efectivas”. Núñez apuntó a una posible promoción de los viajes: “Esta compra parece incentivar que los ediles viajen mensualmente, o incluso dos veces por mes, lo que genera costos enormes en viáticos, hoteles y combustible, todo a cargo del pueblo”.
Rechazo
Las reacciones fueron inmediatas y mayoritariamente negativas. “No se puede aceptar un presente así cuando el país hace un esfuerzo enorme por atender necesidades prioritarias”, declaró Pablo Chalar, edil de la Lista 23 del Partido Nacional. Unión y Cambio de Rodrigo Blas envió una carta a la Junta Departamental en la cual dejó constancia de la devolución de las valijas asignadas a sus ediles.
Esta postura se replicó en departamentos como Lavalleja, Treinta y Tres, Flores y Colonia, donde otros ediles tildaron la iniciativa de “disparate” y “despilfarro”. “Es un gasto que prioriza lo superfluo sobre lo esencial para la gente”, coincidieron en declaraciones a la prensa. “Queremos poner esto en debate público: ¿la ciudadanía está pagando el pato con esta situación?”, advirtió Núñez, describiendo las valijas como “la punta del iceberg”. Como ejemplo, citó la Junta de Salto, que donó un litro de vino CT a cada edil por un total de 71.000 pesos. “¿Son necesarios estos gastos? Si los multiplicamos, forman parte de un presupuesto nacional que todos financiamos con nuestros impuestos”. Núñez profundizó en las raíces estructurales del problema: “Estas valijas son una invitación a viajar: si un edil no iba, ahora con el regalo pagado por la gente, ¿por qué no recorrer el país?”. Criticó la creación del Congreso por ley en 2009: “Es una de esas normas aprobadas en periodos como el de Lacalle Pou, que generan gastos innecesarios, como señalé en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. El BID, en informes recientes, urge a Uruguay a revisar la calidad del gasto público, no solo su volumen. “Es preocupante que un organismo internacional enfatice esto: tenemos 300.000 empleados públicos, muchos sin funciones claras. Otro dato alarmante que investigamos: 33.256 funcionarios en calidad de comisión, un verdadero desastre”, reveló Núñez. Ejemplificó con el Ministerio del Interior: “Hay 3.500 policías ejecutivos en comisión, mientras el nuevo gobierno convoca a 2.000 más.
