En un fallo unánime, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno revocó el arresto domiciliario con tobillera electrónica que beneficiaba a un ciudadano argentino de 49 años (de ahora en más identificado con las iniciales AA), imputado por hurto especialmente agravado cometido el 15 de enero en la Rambla Claudio Williman.
El tribunal dispuso prisión preventiva por 120 días, considerando acreditados los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. AA, con antecedentes penales en Argentina, pasará ahora a disposición del sistema penitenciario.
El caso, denominado “Operación Toyus”, se inició tras el robo en el interior de una camioneta Toyota estacionada en la rambla, entre Los Alpes y París. Las cámaras de videovigilancia captaron cómo el imputado se acercó al vehículo, abrió la puerta con un inhibidor de señales (sin forzar cerraduras ni romper vidrios), permaneció unos segundos en el interior y salió con el botín: 2.000.000 de pesos argentinos (equivalentes a unos 74.000 pesos uruguayos).
Al advertir que el propietario regresaba —alertado por un cuidacoches—, AA huyó por la playa: se quitó la remera, se mezcló entre los bañistas y subió a una Toyota Hilux que lo esperaba como vehículo de apoyo. El cómplice al volante aún no fue identificado.
Hasta la frontera
La detención se concretó el 19 de enero, cuando AA intentó regresar a Argentina por el Puente General Zorrilla de San Martín, en Fray Bentos (departamento de Río Negro). Allí, en operativo coordinado con Prefectura Nacional, fue interceptado y se incautó la camioneta Toyota Hilux.
Formalizado ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 4º Turno a cargo de la jueza Gabriela Azpiroz, el 20 de enero se le concedió arresto domiciliario total con monitoreo electrónico en el domicilio de un amigo (BB), ubicado en la ruta 101 km 25, El Pinar, Canelones, con vencimiento el 18 de mayo de 2026.
La Fiscalía Letrada de Maldonado de 1º Turno (fiscales Sebastián Roble y Manuel Silveira) apeló de inmediato la medida, argumentando falta de arraigo: AA ingresó al país el 14 de enero, cometió el hurto al día siguiente y tres días después intentó salir. No aportó domicilio fijo (mencionó opciones en Montevideo y Canelones sin pruebas), carece de trabajo o familia en Uruguay y está siendo investigado en Argentina por hechos similares con inhibidores de alta frecuencia en vehículos de alta gama.
El tribunal, en su resolución (ministra redactora Graciela Eustachio Colombo), dio por acreditada la participación del imputado por las filmaciones —secuencia que la defensa no negó— y destacó los riesgos procesales: “extranjero sin domicilio ni familia; huyó en la playa y pretendió abandonar el país”. Subrayó que “el carácter menor del delito no incide en la valoración del riesgo”, ya que se busca asegurar la comparecencia al proceso.
Además, señaló peligro de entorpecimiento: existe un cómplice prófugo, el inhibidor no fue incautado y se investigan otros hurtos similares en Maldonado durante su estadía, todos con el mismo modus operandi.
La defensa, a cargo del Dr. Nicolás Núñez había solicitado confirmar el arresto domiciliario, alegando “delito menor” para una persona primaria, salida formal del país y falta de pruebas sólidas de antecedentes argentinos.
La Fiscalía investiga si integra una red binacional operando en la zona.
