El diputado por Maldonado del Partido Nacional, Federico Casaretto, cuestionó duramente el proyecto de ley sobre Lavado de Activos impulsado por el Frente Amplio, advirtiendo que concentra poder en la Secretaría de Presidencia bajo la órbita de Jorge Díaz y deja a los ciudadanos sin las garantías necesarias.
Según Casaretto, la normativa otorga a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) facultades para incautar documentación y discos duros sin orden judicial. “Eso significa acceder a contratos, sucesiones y a la totalidad del trabajo de estudios de escribanos, contadores y abogados para analizar un solo caso, vulnerando el secreto profesional y los derechos de los clientes”, sostuvo el legislador.
El diputado aclaró que su partido no se opone a los controles e inspecciones, pero insistió en que deben realizarse con intervención del Poder Judicial. “En un Estado de derecho es la Justicia la que debe disponer este tipo de medidas. No entendemos por qué el Frente Amplio se niega a incorporar esas garantías”, afirmó.
En cuanto al tope para el manejo de dinero en efectivo, Casaretto enfatizó que el Partido Nacional mantendrá la posición respaldada recientemente por la ciudadanía. “Hace pocos meses la población ratificó el monto vigente. Modificarlo es desconocer una decisión soberana”, señaló. Además, rechazó la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. “Es un contrasentido hablar de fortalecer la lucha contra el lavado y al mismo tiempo suprimir la fiscalía que ha llevado adelante causas de enorme relevancia para el país. Es un retroceso institucional y una muy mala señal hacia el mundo”, advirtió.
Finalmente, el representante por Maldonado cuestionó las prioridades en la asignación de recursos públicos: “Si el Uruguay necesita más fiscalías, hay que generar los recursos para crearlas. No se puede desvestir un santo para vestir otro”, concluyó.
