Este jueves el rematador Assad Hajjoul le bajó el martillo a una oferta de 552 mil dólares por el complejo de viviendas en construcción del barrio Lausana de Maldonado.
Se trató de una de las subastas más importantes del año y su venta en judicial remate generará una importante actividad de mano de obra y de compra de insumos para terminar de construir el total de viviendas que conforma el proyecto. La propuesta fue iniciada por un empresario italiano que actualmente litiga al estado uruguayo al que le reclama más de cuatro millones de dólares por la construcción de los pilotes que albergarían parte del naufragado proyecto de la regasificadora en la bahía de Maldonado.
La oferta corrió por cuenta de un empresario de la zona que, según trascendió, forma parte de un grupo de inversores locales y extranjeros interesados en proyectos en el departamento de Maldonado.
El complejo cuenta con veintidós viviendas a medio construir y el permiso correspondiente habilita otras ciento veinticuatro viviendas, propuesta, que, en su momento, fue promovida por el gobierno como de interés social.
El padrón subastado en la víspera tiene una superficie de 25.302 metros cuadrados y en el mismo se levantan las veintidós viviendas tipo dúplex de dos dormitorios en el segundo nivel divididas en dos plantas. En la planta baja el proyecto incluye cochera con pérgola y un parrillero individual.
Las deudas
El propio rematador explicó a Correo de Punta del Este que las unidades tienen todas diferentes avances de obra, algunas de las cuales solo tienen la estructura y les faltan las terminaciones. El remate incluyo los dos lotes que integran el predio. El lote denominado como 1 generó una deuda de 1:3737.477 pesos por los ejercicios 2019/2020 y otros 202.311 pesos por el ejercicio 2021. El lote 2 tiene una deuda de 52.496 pesos del ejercicio 2019/2020 y otros 11.167 por el 2021. Ambos lotes registran una deuda de 582.526 pesos y de 18.297 por concepto de impuesto de Primaria. Las deudas de este tipo se descuentan del precio total del remate.
El fracasado proyecto comenzó el 31 de marzo de 2014 cuando el gobierno departamental autorizó la construcción de 124 unidades por parte de la Lapren Sociedad Anónima, la empresa ejecutada en la víspera. La autorización de esa época motivó que la empresa inversora cediera a la Intendencia una superficie de 12.008,25 metros cuadrados con el objetivo de proteger y mantener el tramo de la cañada Curbelo cuyo cauce atraviesa el padrón. Por esta razón el inversor dejó un espacio libre que se transformó en público.
