Confirman procesamiento con prisión de la exjefa de finanzas de Julio Lestido SA

Fue acusada de haber robado más de siete millones de dólares que luego apostó y perdió en el casino del entonces Hotel Conrad

El Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno confirmó el procesamiento con prisión de Mónica Rivero la exjefa de finanzas de Julio Lestido SA acusada de haber robado más de siete millones de dólares que luego apostó y perdió en el casino Enjoy de Punta del Este.
El fiscal Luis Pacheco había solicitado el procesamiento y prisión de Rivera por la presunta comisión de un delito de lavado de activos.
El pedido del fiscal fue compartido por la jueza letrada en primera instancia en lo penal especializado en crimen organizado de 1º turno, Adriana Chamsarián.
La abogada de la acusada interpuso un recurso de apelación contra el auto de procesamiento por entender que, en este caso, no existían elementos de convicción suficientes para dictar el mismo. La defensa sostuvo que los indicios probatorios quedan inmersos en las figuras descriptas como estafa y falsificación de documento privado, por lo que la encausada se encuentra privada de libertad en un proceso a cargo del Juzgado Penal de 24º Turno y no propiamente como un delito autónomo de lavado de activo o blanqueo de capitales, dado que no existen indicios configurativos del lavado.
A su juicio, la encausada no ingresa en el requisito objetivo de punibilidad en tanto su accionar no conjuga los verbos nucleares de la figura “convertir o transferir”. A lo que agregó que no existe intencionalidad. El dinero lo utilizó para apostar, sin ánimo ni referencias subjetivas más que jugar, en lo que solo obtuvo pérdidas.

Confirmación
Los ministros rechazaron el planteo de la defensa y confirmaron el fallo en primera instancia que terminó con Rivero en la cárcel imputada de un delito de lavado de activos. Rivero, trabajó aproximadamente 20 años en el área contable de la empresa “XX S.A.”, como jefa de finanzas, período en el que ganó la confianza de sus empleadores.
El fallo en segunda instancia recordó que, en los últimos diez años, la ahora procesada ejecutó maniobras fraudulentas mediante las cuales se apoderó de grandes sumas de dinero en perjuicio de sus empleadores, los que, llamativamente, en tan largo período, no se percataron de ello hasta la desaparición de la encausada.
Al efecto, falsificó documentos con la finalidad de “maquillar” la contabilidad de la empresa, logrando inducir en error de tal magnitud a los damnificados que logró obtener un provecho injusto que la encausada estima en siete millones de dólares americanos.
Surge también que, junto con su cónyuge y su hermano eran jugadores frecuentes apostando grandes sumas de dinero en el Casino Conrad de Punta del Este, al punto que los dos últimos poseían tarjetas de membresía en el lugar que le prestaban para que ella jugara, ya que -ella- convenientemente no quería figurar en la tarjeta. Al respecto, informaron del Casino que el hermano sufrió pérdidas netas por valor de U$S 646.827 y el matrimonio por valor de U$S 3.572.672 (en tales circunstancias, tratándose de clientes nacionales del Casino, también es llamativo que no se haya informado la categoría y montos de los apostadores familiares durante diez años. Dentro de los gastos en los que incurrió la encausada, figuran varios viajes al exterior con su esposo; compra de las alhajas que se encontraron en su casa; documentos de depósitos y pagos efectuados por altas sumas de dinero.
Por otro lado, surge que con el aporte del 90% de dinero aportado a su hermano compró un apartamento por un precio de U$S 90.000; así como también le costeó viajes y tratamientos en el exterior y le daba $ 15.000 para costear sus gastos, entre ellos el casino.
También surge que la acusada, era titular de la cuenta de caja de ahorro en pesos y dólares en Banco Itaú, en las que tenía saldos por U$S 10.015,20 y $ 341.467,53.
Finalmente, la encausada admitió judicialmente que se había apoderado de dinero de la empresa “XX S.A.”, que gastaba en juegos de azar. Respecto a su patrimonio, expresó que en el año 2015 compró un vehículo por un precio de U$S 24.000, haciendo entrega del auto que tenía y pagando una diferencia de U$S 2.000 y que, en el año 2016, adquirió un apartamento en calle Rondeau y Nueva York a través del Banco Hipotecario del Uruguay, cuya deuda fue cancelada.
Para terminar de poner en contexto la situación económica de la imputada y su cónyuge, resulta que la misma en febrero de 2017 percibía por su trabajo en la empresa $ 65.000 líquidos y su esposo en el suyo, $ 72.998.

Fallo
“La cuestión en esta oportunidad es determinar sí además de los delitos de estafa y falsificación imputados, procede la ampliación por un delito de Lavado de Activo. A esta altura del proceso surgen elementos de convicción suficientes que determinan que la encausada actuó con conciencia y voluntad, a título de dolo directo, en los ilícitos que se relacionaron respecto al delito precedente y en principio en el delito ahora imputado”; sostuvieron los ministros al rechazar el planteo de la defensa.
“De su actividad resulta (en principio) que incurrió en el delito de Lavado de Activos al haber convertido o transferido en su favor o el de terceros, bienes procedentes de la actividad delictiva prevista en el literal 14 del art. 34 de la Ley 19.574, entre los que está la estafa cuando el monto real o estimado es superior a 200.000 UI, como en el caso. Aún si se partiera de la hipótesis de que sea cierto de que todo lo que obtuvo ilícitamente lo perdió en el Casino, es claro que convirtió dinero de origen ilícito en una actividad lícita, no cambiando esto por la alta probabilidad de pérdida al ser un juego de azar”; agregó el fallo en segunda instancia
“En efecto; el dinero obtenido indebidamente está ahora en el mercado legal de capitales, ya que la encausada lo volcó al mismo a través de las apuestas. A ello cabe agregar que, si hubiera obtenido ganancias hubiera logrado blanquear para sí el dinero que ya habría permitido justificar su origen lícito. Por otra parte, debe considerarse que la figura ilícita atribuida no exige que de convertir o transferir dinero ilícitamente obtenido, se obtenga una ganancia, puede ser a pérdida ya que lo que se busca es evitar que el lavador obtenga un origen lícito para sus bienes.
De tal forma, los agravios de la Defensa caen por su peso, sin lograr rebatir las primeras conclusiones en las que se fundó el procesamiento”, indica el documento.
“Valorando la prueba individual y conjuntamente en régimen de sana crítica, en el que la prueba se pesa no se cuenta y en el que las omisiones de la indagatoria no pueden endilgarse al indagado, resulta semiplena prueba para disponer el procesamiento de la apelante por el delito de Lavado de Activos”, finalizó el fallo.