El fiscal Jorge Vaz continúa profundizando en la denuncia por presunto fraude que involucra a ex autoridades de la Junta Departamental de Maldonado. El caso, que ha generado conmoción en el ámbito político local, gira en torno a irregularidades en el manejo de fondos públicos, incluyendo desvíos de dinero y pagos por servicios posiblemente ficticios. Fuentes del caso indican que el objetivo es esclarecer el flujo de recursos del legislativo departamental, que terminaron en manos privadas, específicamente vinculadas al ex presidente José Luis Sánchez. El pasado viernes 15 de agosto, Vaz interrogó a tres funcionarios de la Junta Departamental en calidad de testigos para aportar detalles sobre contrataciones y pagos. Según información recabada, sus declaraciones buscan confirmar o desmentir mecanismos de triangulación de fondos, donde el dinero público se transfería a proveedores inexistentes o por obras no ejecutadas, para luego redirigirse a ediles involucrados.
Esta diligencia forma parte de la fase final de la etapa investigativa, tras la cual el fiscal planea solicitar la formalización de los implicados. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el periodista Jorge Bonica, que alertó sobre posibles desvíos y enriquecimiento ilícito. El foco principal recae en José Luis Sánchez, ex edil del Partido Nacional y presidente de la Junta en 2020. Según testimonios, fondos del legislativo fueron transferidos directamente a la cuenta de su hijo, Facundo Sánchez, quien admitió ante el fiscal Vaz haber recibido el dinero y girarlo íntegramente a su padre.
Este movimiento irregular involucraría sumas destinadas a supuestas obras de mantenimiento en el edificio de la Junta, cuyas ejecuciones y costos generan sospechas de sobreprecios o inexistencia. Facundo Sánchez declaró en julio que actuaba como intermediario, recibiendo pagos de la Junta y transfiriéndolos a su padre, sin retener nada para sí. El fiscal busca determinar si estos fondos correspondían a servicios reales o si se trató de un esquema de facturas ficticias. Además, se investiga a un contratista ligado a las obras, quien podría ser familiar o cercano a Sánchez, ampliando el círculo de implicados a dos familiares del ex presidente.
Testimonios
El lunes 11 de agosto, Vaz había interrogado a los tres ex presidentes de la Junta: Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante. Tal como informó Correo de Punta del Este días atrás, Sánchez optó por no declarar, amparándose en su derecho al silencio, y abandonó la sede fiscal acompañado de su abogado Fernando Posada. En contraste, Correa colaboró activamente, respondiendo preguntas durante dos horas y presentando documentación sobre su gestión. Su defensor, Álvaro Garcé, afirmó que no se hallaron irregularidades jurídicas y destacó la transparencia de su cliente.
Infante también declaró, aunque sin detalles públicos sobre su testimonio y su abogado, consultado por Correo de Punta del Este, declinó efectuar declaraciones
Un aporte clave llegó de la contadora delegada del Tribunal de Cuentas, quien detalló el flujo de dinero durante las presidencias examinadas. Su testimonio ayudó a mapear posibles desvíos, revelando que el presupuesto de la Junta –equivalente al 3% del ejecutivo departamental– se manejó con discrecionalidad, potencialmente configurando delitos como fraude y lavado de activos.
Vaz ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de los ediles, la Junta y proveedores involucrados, analizando transacciones entre 2020 y 2024. La demora en la entrega de información por parte del Banco República retrasó el proceso, pero ahora el fiscal cuenta con elementos para cerrar esta etapa.
En particular, busca aclarar qué tipo de trabajos de mantenimiento se realizaron, por cuenta de quién (si fue la Junta o intereses privados) y quién los ejecutó efectivamente. Testimonios indican que algunas obras nunca se concretaron, pese a los pagos registrados.
Fuentes del caso adelantaron que una vez concluida la investigación, Vaz pedirá la formalización de la investigación contra uno o los tres ex presidentes, los dos familiares de Sánchez y, eventualmente, los funcionarios que autorizaron las transferencias erróneas –dirigidas a la cuenta del hijo en lugar del contratista oficial–. Fuentes cercanas al caso estiman que las imputaciones podrían incluir cargos por fraude, abuso de funciones y lavado de activos, con repercusiones políticas en el Partido Nacional, aunque sus líderes nacionales aún no se han pronunciado. La Junta Departamental, autónoma en su gestión financiera, administra un presupuesto anual significativo para salarios, operaciones y obras. La denuncia llevó a una comisión preinvestigadora interna, que culminó con divisiones: la mayoría nacionalista minimizó los hechos, mientras la oposición cuestionó duramente los pagos.
