El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU escuchó el martes una presentación resumida de la denuncia realizada por cuatro organizaciones sociales finlandesas sobre las posibles violaciones de los derechos humanos en Uruguay por las condiciones establecidas en el contrato de inversión firmado entre la multinacional finlandesa UPM y el gobierno uruguayo.
La exposición estuvo a cargo de Ville-Veikko Hirvelä, integrante de la organización Amigos de la Tierra, Finlandia, en representación de New Wind Association, Emmaus Aurinkotehdas, y ATTAC (La Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana) responsables de la denuncia.
El CDESC inició sus sesiones el 15 de febrero, que se prolongarán hasta el 5 de marzo, durante las cuales deberá evaluar la situación de Finlandia y Letonia como organismo responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, informó en un comunicado de prensa el Movimiento por un Uruguay Sustentable.
Dado que la sede central de UPM está en Helsinki y actúa también bajo la jurisdicción de Finlandia, las organizaciones sociales de aquel país consideran que Finlandia es responsable también de hacer todo lo posible para garantizar que las actividades de UPM en Uruguay no afecten negativamente los derechos humanos.

La presentación
Las entidades finlandesas reclaman la realización de una evaluación independiente por un tercero avalado por el CDESC, con competencia en derechos humanos y condiciones ambientales, para verificar la situación planteada.
En su intervención Ville-Veiko Hirvelä sostuvo que “dado que la corporación forestal transnacional finlandesa UPM acordó con Uruguay una inversión conjunta para construir la unidad de producción de celulosa más grande del mundo en Uruguay, las evaluaciones realizadas por UPM no fueron evaluaciones esperadas de acuerdo a los impactos generales de UPM sobre los derechos humanos.
UPM decidió seleccionar y evaluar los impactos en los derechos humanos que prefería y dijo que tales “decisiones se tomarán teniendo en cuenta los mejores intereses de UPM” protegiendo “los activos y la información de UPM”, “el éxito financiero […] y el crecimiento” como “fundamental […] para las partes interesadas”.
Ville-Veiko Hirvelä continuó su presentación diciendo que UPM “dejó de esta manera sin evaluar o monitorear muchos de sus impactos en los derechos humanos que no son del ‘mejor interés’ de UPM para ser evaluados y demostrados públicamente. El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay ha determinado que los impactos acumulativos del proyecto sobre los derechos humanos y el medio ambiente no han sido debidamente evaluados con la participación de las personas afectadas y no son debidamente conocidos por la gente de Uruguay. Uruguay acordó utilizar 4.000 millones de euros de sus fondos públicos para construir ferrocarriles, puertos e infraestructura y cambiar sus leyes educativas y laborales para servir a UPM de modo que, en cada paso, solo si UPM considera que el esfuerzo de Uruguay es adecuado para los intereses de UPM, sólo entonces UPM tiene que invertir su correspondiente participación de 2.400 millones de euros”.
Asimismo, y según Ville-Veiko Hirvelä, “UPM tendrá una gran influencia para exigir cada vez más a Uruguay porque los 4.000 millones de euros de Uruguay se desperdiciarían si no satisface lo que UPM puede requerir como condiciones para iniciar la producción de celulosa. Los derechos humanos están en peligro por un proyecto en el que una nación invierte más del 7% de su PBI anual en un proyecto que se acuerda realizar solo si una corporación privada considera la contribución de Uruguay como suficiente. No es posible verificar adecuadamente los impactos de un proyecto, donde se ha acordado que la suerte de gran parte de los recursos de Uruguay – tierras, agua, ecosistemas, biodiversidad, infraestructura, condiciones de trabajo y educación – dependa de lo que UPM decida que es adecuadamente rentable para si”.

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