El diputado por Maldonado, Diego Echeverría, presentó un proyecto de ley vinculado a la protección de este sector de la población, a través de la creación de la figura del Defensor del Adulto Mayor. Esta figura, que existe en varias legislaciones del mundo, es un instrumento de protección de los derechos humanos, de uno de los sectores más vulnerables de la población.
“Debemos legislar en la materia, debemos proteger los derechos humanos de los más vulnerables, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es el ámbito ideal” expresó el legislador.
Además, Echeverría manifestó que “los derechos humanos debemos interpretarlos con una mirada amplia y moderna, para que nadie sea vulnerado en los mismos”.
Nuestro país, según el Censo del año 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas, tiene 457.662 personas mayores de sesenta y cinco años, representando aproximadamente el 14 % de la población del país, concentrados principalmente en las zonas urbanas, un 47% en Montevideo. Las mujeres, representan aproximadamente el 60 % de ese universo.
Alrededor del 60% de los adultos mayores sólo tienen un nivel de instrucción primaria.
Aproximadamente 11.500 personas viven en hogares de larga estadía.
Uruguay tiene uno de los índices de envejecimiento y sobre-envejecimiento más altos de América Latina.
Uruguay ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por Ley 19.430.
De acuerdo al literal E del artículo 4 de la referida Convención, el Estado promoverá la creación de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

Grupo vulnerable
En tal sentido, el Estado se obligó a adoptar medidas legislativas, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar actos de violencia contra la persona mayor, la creación y fortalecimiento de servicios de apoyo para atender casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono, promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia, así como reforzar mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos, entre otras.
En ese sentido, corresponde al Poder Legislativo dictar Leyes tendientes a la protección de los derechos individuales (numeral 3 del artículo 85 de la Constitución de la República), y por eso la creación de una Defensoría del Adulto Mayor en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, procurará dar la mayor efectividad a la protección de los derechos humanos de un grupo vulnerable, que atienda especialmente a dicha materia.
En ese sentido, en este proyecto, se pretende que el titular de la Defensoría del Adulto Mayor tenga el mismo nivel institucional que los integrantes que el Consejo Directivo, invistiéndole de poderes jurídicos necesarios para su actuación en el ámbito administrativo y jurisdiccional de acuerdo a sus cometidos.
Por su parte, el Consejo Directivo, tendrá una competencia concurrente en materia de derechos humanos, pero la Defensoría del Adulto Mayor tendrá especificidad en la materia para fortalecer la protección de este grupo de personas y principalmente a los más vulnerables.
En ese sentido, se prevé un procedimiento sumarísimo para la sustanciación de denuncias de forma de garantizar la existencia de un recurso rápido y efectivo.
El Defensor del Adulto Mayor deberá tener una participación activa en todo el país, contemplando las diversas situaciones que existen en el interior del país en la materia y atendiendo a una población con dificultades de traslado a la capital, muchos de ellos institucionalizados.
Además, la posición orgánica que se proyecta, implicará una distribución de recursos humanos y materiales dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de forma que su creación no genere aumentos presupuestales.