La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) estableció que todas las personas, entidades o patrimonios de afectación independiente que capten fondos del público o convoquen a invertir bajo expectativa de rentabilidad deberán presentar una declaración jurada con información detallada de su actividad.
La resolución forma parte de la ampliación del perímetro regulatorio impulsada por el BCU e incluida en la última Ley de Presupuesto. El objetivo principal es identificar quiénes operan actualmente en estos esquemas para luego definir la regulación específica y los planes de supervisión correspondientes, con mayores estándares de transparencia y protección al inversor.
Según el comunicado del BCU, la declaración jurada deberá realizarse en formato digital ante la SSF y es de carácter obligatorio.
Las entidades que ya estén operando tendrán 60 días a partir de la resolución para cumplir con la presentación.
Quienes inicien estas actividades en el futuro deberán hacerlo antes de comenzar las operaciones. El Banco Central podrá requerir información adicional si lo considera necesario. El incumplimiento de esta obligación podrá derivar en sanciones según la normativa vigente.
Esta medida da continuidad a la estrategia anunciada por el BCU en agosto de 2025, cuando presentó el anteproyecto de ley para ampliar su ámbito de supervisión e incorporar aquellas actividades de intermediación financiera que hasta ahora no estaban reguladas.
“El objetivo es fortalecer la protección del inversor e incorporar estas actividades al control del Banco Central, contribuyendo al desarrollo de una operativa más transparente, segura y alineada con las mejores prácticas internacionales”, señalaron desde la entidad.
