El diputado colorado realizó una exposición en la que solicitó que se superen las deficiencias que mantiene el sistema judicial en cuanto a los “plazos” existentes para que los bienes provenientes de actividades ilícitas que hayan sido decomisados sean compactados como chatarra, tasados, vendidos, rematados o desintegrados adelantándose a que perezcan o se desprecien tanto al punto de perjudicar el ambiente, la salud humana, y producir gastos o perjuicios desproporcionados a las instituciones públicas
El legislador dio cuenta de la cantidad de extensos espacios en todo el país, que están destinados únicamente al depósito a la intemperie, de estos bienes, los que se encuentran afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.
“Cientos de metros cuadrados de terreno atestados de vehículos en degradación, motos, partes, gomas, repuestos, elementos que por su estado ya se desconoce la correspondencia de su origen, abandonado en el lugar. Suelos afectados por diversos materiales en descomposición (metálicos, plásticos), que no se han de reutilizar o reciclar ni tampoco desintegrar en el corto plazo; agua estancada, condición perfecta para la producción de bacterias; un entorno maloliente y plagado de insectos; combustibles esparcidos, sustancias tóxicas que se diluyen en la tierra lo que, sumado a las particularidades de saneamiento del lugar, sugieren claramente riesgo de contaminación”, destacó el legislador.
Esta situación pone en evidencia los extensos plazos que persisten para la expedición judicial, “conservando bienes para una eventual devolución a su titular, en caso de que la sentencia no disponga el decomiso”.

Hacer algo

Por eso, Elinger solicitó que, tomando como ejemplo esta situación se proceda a relevar y darle solución y que, en todos los casos, “se persista en elevar el estándar de eficiencia de las operaciones judiciales para proceder rápidamente a dar fin (compactar como chatarra, tasar, vender, rematar o desintegrar) los bienes derivados del delito, adelantándose a que perezcan o se desprecien tanto al punto de perjudicar el ambiente, la salud humana, y producir gastos o perjuicios desproporcionados a las instituciones públicas”. Asimismo, planteó que se fomente, “a través de los fondos económicos que de una buena gestión se deriven, acciones reparatorias a la sociedad, planes, programas de fortalecimiento institucional, aportes al FNR, a medicina de complejidad, etc. tal y como lo administra el Fondo de Bienes Decomisados”.
El legislador pidió que sus palabras se enviaran al MEC y por su intermedio a la Fiscalía General de la Nación, a la Junta Nacional de Drogas, al Poder Judicial y por su intermedio a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior, con destino al Instituto Nacional de Rehabilitación; y al Ministerio de Ambiente.