Tal como adelantó Correo de Punta del Este la semana pasada y en una jornada clave para la investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, los ex presidentes de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante comparecieron este lunes ante el fiscal Jorge Vaz. Estas declaraciones marcan un avance significativo en la primera etapa de la causa, que indaga en transferencias de dinero, facturas y otros elementos relacionados con el presupuesto legislativo, equivalente al 3% del ejecutivo departamental según normas constitucionales. El fiscal Vaz, a cargo de la Fiscalía Penal de Maldonado, ha recibido valiosos aportes para dilucidar cómo se administraron los fondos remitidos por la Intendencia. Entre ellos, destaca el testimonio de la contadora delegada del Tribunal de Cuentas de la República, quien detalló las prácticas de las distintas presidencias en el uso de estos recursos.
Fuentes del caso indican que, una vez concluida la instrucción sobre la denuncia principal que involucra a Sánchez, Vaz abrirá una nueva línea investigativa para evaluar si los importantes gastos realizados en las últimas gestiones configuran delitos. El caso de José Luis Sánchez, ex edil del Partido Nacional, es el más avanzado y su situación aparece como la más complicada. El fiscal maneja la posibilidad de imputarle delitos graves como fraude y lavado de activos. También están en la mira su hijo y un contratado para supuestas obras de mantenimiento en el edificio de la Junta, cuya ejecución y costos generan sospechas de irregularidades. Durante la comparecencia de Sánchez, el ex presidente del legislativo departamental se negó a responder las preguntas del fiscal, amparándose en su derecho a no declarar. La audiencia duró apenas unos minutos, tras lo cual Sánchez abandonó la sede fiscal. Para su defensa, contrató los servicios del abogado Fernando Posada, del reconocido estudio jurídico Bordes & Posada Servicios Legales, especializado en casos penales complejos.
Actitud abierta
En contraste, Darwin Correa, también ex edil blanco e integrante de la Lista 23, adoptó una postura colaborativa. Acompañado por sus abogados Santiago Clavijo y Álvaro Garcé, Correa respondió a todas las interrogantes de Vaz y aportó documentación relevante sobre su gestión como presidente en 2023. Al término de la declaración, Garcé dialogó con la prensa y expresó confianza en la inocencia de su defendido. “Hemos venido patrocinando al edil Darwin Correa, citado para aclarar aspectos relativos a su gestión como presidente de la Junta en 2023”, señaló Garcé. “A nuestro juicio, ha sido contundente en aportar elementos que dejan clara toda su gestión patrimonial. Aquí no se ha discutido la gestión política y entendemos que no hay ninguna irregularidad o elemento jurídicamente reprochable”. El letrado enfatizó la actitud abierta de Correa: “Vino citado por la Fiscalía y era su deber concurrir. Lo hizo de manera colaborativa, respondiendo a todas las preguntas”. Al ser consultado sobre el foco de las interrogantes, Garcé evitó detalles: “No es conveniente revelar públicamente aspectos de la audiencia. Simplemente, apuntaron a aclarar dudas, y entendemos que las respuestas fueron contundentes”. Garcé descartó cualquier mención a una posible formalización: “No corresponde en este estado de la causa hacer conjeturas. Nos vamos con total tranquilidad”. Respecto al futuro del proceso, indicó: “Queda en la órbita de Fiscalía, continuará el procedimiento y veremos. Pero reitero que nos vamos tranquilos”.
La causa
Fuentes cercanas a la causa sugieren que las declaraciones de la contadora delegada del Tribunal de Cuentas de la República han sido importantes para mapear el flujo de dinero, revelando posibles desvíos o sobreprecios. Mientras Sánchez enfrenta un panorama sombrío, con evidencias que lo vinculan directamente a las anomalías, Correa parece haber fortalecido su posición al cooperar activamente. El fiscal Vaz, conocido por su rigor en casos de corrupción pública, podría convocar a más testigos en las próximas semanas, incluyendo funcionarios de la Intendencia y auditores independientes. La Junta Departamental de Maldonado, órgano legislativo local, administra un presupuesto anual millonario derivado del ejecutivo, destinado a operaciones, salarios y obras. Las normas constitucionales fijan este monto en el 3% del presupuesto de la Intendencia, pero las denuncias apuntan a un manejo discrecional que podría haber derivado en enriquecimientos ilícitos. Este caso ha generado repercusiones políticas en el Partido Nacional, al que pertenecen los tres ex ediles, aunque por ahora no se han pronunciado dirigentes nacionales. La Fiscalía no ha emitido comentarios oficiales sobre el avance, pero se espera que en breve se resuelva la situación de Sánchez, potencialmente con una solicitud de formalización.
