La Federación Médica del Interior (FEMI) expresó su posición institucional contra el proyecto de ley que busca imponer la inserción obligatoria de médicos especialistas en el sector público, principalmente en el interior del país. La entidad comparte la preocupación por la inequidad en el acceso a especialistas en el territorio nacional, un problema que ha denunciado de manera recurrente, pero considera que la medida basada en la obligatoriedad no resuelve las causas profundas del desequilibrio. “La dificultad en la radicación de especialistas en el interior no responde a una falta de médicos, sino a la concentración de la formación de especialidades en Montevideo, la limitada oferta de residencias en el interior y las diferencias en las condiciones de trabajo y desarrollo profesional”, señala el comunicado emitido por la Federación.
Efectos contraproducentes
FEMI recuerda que desde hace años trabaja activamente en el tema y que en 2025 organizó en su sede un conversatorio con autoridades y referentes del sistema de salud para analizar específicamente la distribución de especialistas. Sin embargo, la entidad advierte que imponer un período obligatorio de ejercicio “no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo”. Según FEMI, esta herramienta legislativa ignora el carácter estructural del problema y podría desincentivar la permanencia voluntaria de los médicos en el interior. En lugar de la obligatoriedad, la Federación propone orientar las soluciones hacia el fortalecimiento de la formación de especialistas en el interior del país, la mejora de las condiciones laborales y la generación de incentivos reales para la radicación. De esta manera, se promovería un desarrollo profesional sostenido y de calidad, respetuoso de los derechos de los profesionales. “FEMI reafirma su compromiso con la equidad en el acceso a la salud y se pone a disposición para contribuir en la construcción de políticas públicas que aborden esta problemática de manera integral, sostenible y respetuosa de los derechos profesionales”, concluye el documento.
