En la audiencia judicial cumplida el pasado lunes en el Juzgado penal de 4º turno de Maldonado, el fiscal Jorge Vaz reveló un detalle clave: el edil Alexandro Infante entregó a la fiscalía una grabación en la que el entonces edil José Luis Sánchez le pide agilizar el pago de una factura utilizada en la maniobra fraudulenta. “”Es de un amigo al cual no se le había pagado”, dice Sánchez en el audio aportado por Infante, según el fiscal de la causa.
Esta evidencia, aportada por el mismo Infante durante su declaración en fiscalía, forma parte de la investigación que involucra pagos irregulares por obras supuestamente inexistentes, totalizando más de 1,4 millones de pesos uruguayos. Vaz solicitó el pasado lunes la formalización de Infante como presunto autor de delitos graves, incluyendo fraude agravado, falsificación ideológica y abuso de funciones. La investigación, iniciada por una denuncia de nueve ediles de la Junta, expone un esquema de corrupción durante el período legislativo 2020-2025.
Las facturas
Los tres imputados —Sánchez, Darwin Correa e Infante— ocuparon sucesivamente la presidencia de la Junta, cargo que, según Vaz, los convierte en ordenadores primarios de gastos públicos. Sánchez presidió de noviembre 2020 a noviembre 2021; Correa, de noviembre 2022 a noviembre 2023; e Infante, de noviembre 2023 a 2024. El fiscal detalló que durante la presidencia de Correa, se aprobaron ocho facturas a la empresa Ramón Sosa por supuestas obras como reparación de luminarias y humedades, sumando 1.191.913 pesos. Estos pagos se realizaron a Facundo Sánchez, hijo de José Luis Sánchez, quien transfería el dinero a su padre. Varias facturas tenían anotado en el reverso el número de cuenta de Facundo. Este último declaró en fiscalía que confrontó a su padre, quien admitió que se trataba de una “triangulación” para cobrar por obras no realizadas y repartir el dinero. La conexión con Infante surge en su presidencia. Aprobó una factura por 168.000 pesos en 2024, nuevamente a Ramón Sosa, por “reparación de bancada del Frente Amplio, humedades y sellados en ventanas y pasillo de abajo”. El reverso incluía la cuenta de Facundo Sánchez, y el dinero terminó en manos de José Luis Sánchez. Infante justificó el pago como un “compromiso con la anterior gestión”, pero Vaz lo rechazó, argumentando que no existían antecedentes ni contratos que acreditaran los servicios. Además, Infante aportó el audio donde Sánchez le urge: “Es de un amigo al cual no se le había pagado”. Infante también aprobó otra factura por 115.400 pesos por “hidrolavada de fachada, vereda y otros”, pagada con cheque a Javier Gutiérrez, contratado directamente por Infante. Gutiérrez declaró que pidió trabajo a Infante, quien lo citó en la Junta, le mostró tareas (reparar caños, humedades e hidrolavar) y lo contrató sin procedimientos formales. Pagaron al contado en la Junta.
Ramón Sosa, titular de la empresa, declaró que nunca prestó servicios en la Junta; solo prestó facturas en blanco a Sánchez, a quien conoce de trabajar en la playa, para que “cobrara trabajo”. La suma total aprobada por Correa e Infante a Sosa asciende a 1.474.313 pesos; para Infante, 283.400 pesos.
Acusación
Vaz enfatizó que estas maniobras violan normativas de contratación pública, procedimiento administrativo y ética funcionarial. No hay documentación oficial: solo facturas firmadas por los presidentes. La evidencia incluye la denuncia inicial, videos del programa “La verdad de la milanesa” de Jorge Bonica, declaraciones de Facundo Sánchez (con capturas de transferencias bancarias), Ramón Sosa (con talonarios originales), Correa, Infante (con audio, fotos y videos), Gutiérrez, y funcionarios de la Junta. También se recabó información bancaria, del Tribunal de Cuentas y la Intendencia (confirmando que Sánchez no tiene vínculos contractuales allí).El fiscal acusa a Infante de coautor en fraude por aprobar el pago de 168.000 pesos, facilitando el engaño de Correa y Sánchez (art. 61 CP). Además, dos falsificaciones ideológicas por atribuir obras inexistentes a Sosa en ambas facturas. Finalmente, abuso de funciones (art. 162 CP) por contratar arbitrariamente a Gutiérrez, sin publicidad, competencia ni motivación, perjudicando la administración y violando principios constitucionales (arts. 291-292 CR) que prohíben a ediles tramitar asuntos propios o de terceros. Vaz citó jurisprudencia de la Suprema Corte: el abuso de cargo amenaza el normal funcionamiento administrativo, incluyendo exceso de competencias e inobservancia de formalidades. Infante, como jerarca, era responsable del erario público; en vez de denunciar a Sánchez, se sumó a la maniobra. Sin su firma, el pago ilegal no se habría concretado.
La solicitud: imputar a Infante como autor de fraude especialmente agravado (coautor), en reiteración real con dos falsificaciones ideológicas por funcionario público y un abuso de funciones agravado, por su calidad de edil.
