El presidente Luis Lacalle Pou remitió en las últimas horas a la Asamblea General del Poder Ejecutivo un proyecto de ley para regular la concesión a terceros de los juegos de casino mediante la modalidad “online”.
La propuesta del gobierno, que luce la firma del presidente Lacalle Pou y de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche establece que la concesión de los permisos, una vez promulgada la ley, correrá por cuenta de la Dirección General de Casinos del Estado.
La misma establece que la propia repartición podrá explotar de forma directa este tipo de apuestas, conceder la autorización de juego a aquellos que previamente hayan obtenido la concesión o permiso de explotarlo en forma presencial.
Proyecto de ley
El artículo 1º establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 244 de las Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017, facúltase al Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas a prestar la actividad de juegos de casinos tales como poker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad “on line”, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares. La actividad de juegos de casinos bajo la modalidad establecida en el inciso anterior, podrá ser prestada directamente por la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas mediante el sistema tradicional o por las operaciones vigentes que funcionan bajo el denominado sistema mixto. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá autorizar en forma previa y revocable, la prestación de dicha actividad a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro, de conformidad con el procedimiento que conforme a Derecho corresponda. El Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad de prestación de la actividad de los juegos de casinos “on-line”, regulada por la presente norma, debiendo determinar, entre otros: a) Los requisitos que deberá cumplir el proveedor del sistema técnico (antecedentes internacionales, certificaciones de calidad, certificaciones de seguridad de la información, etc.); b) Las modalidades de juego a autorizar; c) Los procesos de creación y registro nominado de cuentas, contemplando aspectos tales como: restricciones de juego, transparencia y trazabilidad, protección de datos personales, entre otros aspectos; d) Los medios de pago; e) Las políticas de juego responsable; f) Las normas y procedimientos de control y fiscalización, así como la determinación de registros y documentos imprescindibles para tales fines; g) La distribución de utilidades; 3 h) La contraprestación a abonar a los proveedores del sistema, para los casos de explotación por parte de la Dirección General de Casinos o el canon a cobrar si la explotación corresponde a prestadores privados.
Por su parte el artículo 2º del mismo proyecto de ley estable la creación en el ámbito de la Dirección General de Casinos un fondo común de hasta un 8% de la utilidad bruta mensual de dicha explotación que se distribuirá entre los funcionarios de la repartición.
Contexto
El proyecto de ley busca generar un ambiente de transparencia en el mundo de las apuestas “on line”. También pone en aprietos al empresario italiano Giussepe Cipriani quien se muestra renuente a firmar el contrato con el estado para la explotación del casino privado y depositar los diez millones de dólares de garantía para asegurar el mantenimiento de éste. Cipriani inclusive presentó un recurso contra la decisión del director de loterías y quinielas del anterior gobierno frenteamplista, el que, unos días antes de finalizar la administración concedió este tipo de juego a los empresarios de la Banca de Cubierta Colectiva de Quinielas. Cipriani dejó entrever que no firmaría nada hasta tanto el gobierno no se pronunciara sobre la insólita decisión del jerarca de loterías y casinos del anterior gobierno.
