En una situación inédita y poco habitual entre organismos del Estado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pretende adueñarse de un valioso predio de 11 hectáreas propiedad de la Intendencia de Maldonado mediante el instituto de la prescripción adquisitiva treintenal.
El terreno forma parte del denominado “Eco Parque Metropolitano del Humedal del Arroyo Maldonado”, un espacio de alto valor ambiental protegido por decreto departamental y reconocido a nivel nacional como humedal de importancia.
El predio está delimitado por la margen oeste del arroyo Maldonado y el trazado del Camino Aparicio Saravia. Actualmente, una porción significativa es utilizada por la Policía de Maldonado como base de operaciones para la Policía Montada, mientras que el resto permanece como monte y campo natural sin intervención antrópica relevante.
El expediente caratulado “ANEP. Prescripción adquisitiva treintenal” se tramita desde el año 2017 en el Juzgado Letrado Civil de 6° Turno de Maldonado, a cargo de la jueza Gabriela Tuberosa Etchart. Este jueves, la propia magistrada se constituyó personalmente en el lugar, acompañada por los abogados de todas las partes involucradas —incluidos los de la Intendencia de Maldonado y de OSE— para realizar una inspección ocular clave en el proceso.
De la Intendencia
La pretensión de ANEP ha generado sorpresa y curiosidad tanto en las jerarquías pasadas como en las actuales de la Intendencia de Maldonado. No solo por el mecanismo inusual elegido —la prescripción treintenal, que requiere posesión continua, pacífica, pública y con ánimo de dueño durante 30 años—, sino también por el contraste con la tradición histórica del gobierno departamental de Maldonado. Durante décadas, la Intendencia ha cedido decenas de predios municipales de manera gratuita para el emplazamiento de escuelas, liceos y UTU en todo el territorio departamental, sin que jamás se haya recurrido a litigios ni a figuras como la prescripción.
El abogado Hugo Álvez, asesor legal de la Intendencia de Maldonado y responsable de defender los intereses departamentales, explicó con claridad la posición institucional: “Es un terreno que es de la intendencia y por el cual la ANEP entró en comodato hace muchísimos años. Luego lo dejó. ANEP empezó el juicio en el 2017. Cuando ya hacía por lo menos desde 2010 que el predio ya lo tenía en comodato la policía”.
Álvez detalló los argumentos centrales de la defensa: “Primero, es un bien propiedad de la intendencia de manera inmanente, porque forma parte del ejido de Maldonado. Segundo, ANEP entró por comodato, o sea que no entró con ánimo de dueño; la intendencia se lo prestó. Tercero, está la policía desde hace muchos años y ANEP no está. O sea que entregó el predio hace por lo menos desde 2010. Es un bien que no puede ser sometido a prescripción porque es un bien inmanente de la intendencia. Y fue declarado por decreto de la Junta Departamental eco parque, formando parte del humedal”.
“Rarísimo”
Durante la inspección ocular de este jueves se constató que gran parte del predio es monte natural y ocupación nativa, sin mejoras ni construcciones de ANEP más allá del sector menor que ocupa la Policía. “Ellos pretenden transcribir once hectáreas completas, cuando en verdad lo que usa la policía es un pedazo mucho más chico”, enfatizó Álvez. El caso además involucra a la OSE que recibió una porción de ese predio para instalar la planta de procesamiento de efluentes. La Intendencia había permutado a la empresa estatal de aguas un trozo del padrón fiscal 2572. “OSE presentó como hecho nuevo que era propietaria de un trozo de ese padrón y se formó un incidente. Hay que ver si coincide lo que OSE compró o le permutó a la intendencia con lo que ANEP quiere prescribir, a ver si se montan o no”, explicó el letrado. Luego de la inspección ocular de este jueves, la jueza Tuberosa dio plazo a OSE para presentar los planos definitivos del área que le corresponde. El proceso se demoró inicialmente por la designación de defensores de oficio. Primero actuó Mario Cabrera (fallecido), luego fue designada Nicole Ipharraguerre. “Hoy se hizo la inspección ocular donde fue Tuberosa personalmente, con los abogados de OSE, con los abogados de la intendencia —o sea yo—, con la defensora de oficio y los abogados de ANEP”, detalló Álvez. Lo que más llama la atención es el hecho de que se trate de un conflicto entre entes públicos. “El Estado cuando necesita un predio o lo pide en comodato o lo expropia. Yo nunca había visto esto que el Estado… entre organismos del Estado. Es rarísimo”, remarcó el asesor legal. Y agregó un elemento de ironía: “es muy importante la colaboración que tradicionalmente ha prestado la intendencia de Maldonado a ANEP, en cuanta escuela, liceo o UTU hay en el departamento”.
Eco parque
El predio en cuestión no es un terreno cualquiera. En marzo de 2015, la Junta Departamental de Maldonado aprobó el Decreto Nº 3931/2015, promulgado por resolución 2738/015 de la Intendencia. Su artículo 1º es explícito: “Se destinan los padrones fiscales Nº 2572 de la 1ª Sección Judicial de Maldonado y 538 de la 2da. Sección Judicial de Maldonado y de los que de ellos se deriven, propiedad inmanente del Gobierno Departamental de Maldonado al dominio público departamental y municipal, como reserva departamental conforme al art. 4 de la ley 17.283 con la denominación de ECO PARQUE METROPOLITANO DEL HUMEDAL DE LOS ARROYOS MALDONADO Y SAN CARLOS”.
El artículo 2º establece los objetivos generales: “Preservar el ecosistema y poner en valor la biodiversidad como marco para el desarrollo de productos de turismo de naturaleza, con criterios de sostenibilidad para el esparcimiento y disfrute de la población local y visitante”. Se detallan dimensiones biológica-ecológica, socio-cultural, educativa, económica y de gobernanza. El decreto prevé incluso la elaboración de un Plan de Manejo, la figura de Guardaparque y un sistema de monitoreo. Este humedal integra el Registro Nacional de Humedales de Importancia Ambiental y forma parte de la cuenca del Río de la Plata, con una Mesa de Diálogo activa para su conservación y uso sustentable.
¿Para qué?
La pretensión de ANEP genera además una paradoja ambiental evidente. El mismo espacio que en campañas electorales despertó celo de organizaciones defensoras —con énfasis en cangrejos, aves y preservación del humedal— ahora es objeto de una acción judicial que, de prosperar, podría afectar su integridad como reserva departamental. “Forma parte del humedal. Paradójicamente tanto celo despertó en determinadas organizaciones”, señaló Álvez. Otro aspecto llamativo es el desconocimiento sobre el destino que ANEP pretende dar al predio. “Lo peor es que no se sabe qué destino le quiere dar ANEP, porque eso lo está usando la policía por lo menos desde hace dieciséis o diecisiete años. Lo quiere prescribir ¿para qué? Si ANEP cuando lo tuvo en comodato se lo entregó a la policía”, cuestionó el abogado. La inspección ocular de este jueves representa un paso procesal importante, pero la resolución final está pendiente.
