Autoridades ambientales y legislativas recorrieron el lunes las Sierras del Tirol para inspeccionar el lugar donde se realizaron obras no autorizadas y confirmaron los impactos ecológicos causados por estas intervenciones. El Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario, junto al diputado Joaquín Garlo y el edil Jorge Pieri, acompañados por vecinos del lugar y funcionarios de la Intendencia, verificaron en terreno el daño al monte nativo, denunciado semanas atrás por la comunidad.
La recorrida se centró en áreas donde se detectaron movimientos de suelo irregulares y el talado indiscriminado de especies autóctonas, como árboles y arbustos endémicos de la región. Estas acciones violan las medidas cautelares departamentales vigentes, que prohíben expresamente el fraccionamiento de terrenos y la apertura de calles. Dichas restricciones forman parte del proceso de elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial para la Cuenca de la Laguna del Sauce, un ecosistema sensible que abastece de agua potable a gran parte del departamento y que ha sido priorizado por su valor ambiental.
Evaluación
Nario, máxima autoridad en evaluación ambiental del país, fue categórico al expresar su preocupación: “Claramente hay afectación a ecosistemas de monte nativo”. El jerarca anunció que se coordinarán acciones inmediatas con otros organismos estatales para recopilar más información y definir medidas concretas. “Desde el punto de vista ambiental, el daño es claro. Vamos a evaluar con los técnicos en mayor detalle, pero es una situación que nos preocupa profundamente”, agregó Nario.
La denuncia que motivó esta intervención fue presentada por un grupo de vecinos alertados por el ruido de maquinaria y la deforestación visible en las sierras. Según relatos de los afectados, las obras parecen destinadas a un posible desarrollo inmobiliario, aunque sin permisos oficiales. “Vimos cómo cortaban árboles centenarios y removían tierra sin control, afectando arroyos y la biodiversidad local”, comentó una vecina durante la recorrida, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
En respuesta, el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Maldonado han iniciado una evaluación conjunta para determinar las sanciones aplicables. Estas podrían incluir multas elevadas, paralización definitiva de las obras y obligaciones de recomposición ambiental, como la reforestación obligatoria con especies nativas y la restauración del suelo erosionado.
Jerarcas y vecinos
El diputado local Joaquín Garlo enfatizó la importancia de la fiscalización: “No podemos permitir que intereses privados destruyan nuestro patrimonio natural. Apoyaremos todas las acciones para sancionar a los responsables y restaurar el daño”. Por su parte, el edil Pieri llamó a una mayor participación ciudadana en la vigilancia ambiental, proponiendo mesas de diálogo con la comunidad para el plan de ordenamiento territorial. Mientras se aguardan los informes técnicos, se ha reforzado la vigilancia en la zona con patrullas ambientales y drones para monitoreo. Los vecinos, en tanto, planean una asamblea comunitaria para exigir mayor transparencia en los permisos de construcción.
