La Intendencia Departamental de Maldonado formalizó una denuncia penal ante la fiscalía letrada de 5° Turno por una serie de intervenciones ilegales detectadas en el fraccionamiento Sierras del Tirol, en la zona serrana del departamento.
Según fuentes del caso, la denuncia, presentada por la Asesoría Jurídica de la IDM, describe un conjunto de conductas que van desde la apertura clandestina de caminos y el desmonte de vegetación nativa hasta la oferta irregular de lotes en redes sociales y el retiro deliberado de cartelería oficial. Todo ello en una zona de alta fragilidad ecosistémica ubicada dentro de la cuenca hidrográfica de la Laguna del Sauce, fuente de agua potable para más del 95% de la población de Maldonado.
Más de un kilómetro de calles abiertas ilegalmente
Las inspecciones realizadas por técnicos de la Dirección de Ambiente de la IDM en diciembre de 2025 y en febrero y junio de 2026 documentaron un avance sostenido y progresivo de las intervenciones. El primer relevamiento efectuado, constató la apertura de más de un kilómetro de caminería y la remoción de aproximadamente 13.000 metros cuadrados de cobertura de bosque serrano nativo, con ancho de calles que varía entre 7 y 17 metros.
Una inspección posterior, realizada el 2 de junio de 2026 por el técnico guardaparque Maximiliano Pampillón, relevó nuevas afectaciones en 14 padrones específicos —del N° 958 al N° 1444— y cuantificó la apertura de 426,91 metros adicionales de camino, con remoción de 2.270,05 metros cuadrados de bosque serrano, desmantelamiento de afloramientos rocosos, aporte y compactación de material de tosca para consolidar la caminería, y relleno de cursos de agua. Las calles fueron georreferenciadas con GPS y superpuestas sobre el empadronado catastral, quedando documentadas con precisión cartográfica.
El agua potable del departamento en riesgo
El informe técnico de la directora de Ambiente, licenciada Virginia Villarino, advierte con contundencia sobre las consecuencias de estas intervenciones sobre el recurso hídrico. Toda la zona afectada se encuentra dentro de la cuenca de aporte de la Laguna del Sauce. La remoción de vegetación en laderas de pendiente pronunciada, el relleno de cursos de agua y la modificación de la topografía natural alteran los escurrimientos, afectan la recarga de acuíferos e incrementan el arrastre de sedimentos hacia la laguna. Según el informe, esto se traduce en mayores costos de potabilización del agua para OSE y, en el peor de los casos, en un déficit del servicio para la población.
El documento describe con detalle técnico las implicancias ambientales: destrucción de la capa superficial del suelo —esencial para la estabilidad de las laderas y la vida microbiana—, pérdida de hábitat del bosque serrano nativo, fragmentación del ecosistema, incremento del riesgo de incendios forestales —ya que las calles actúan como corredores de viento y zonas de acumulación de material seco— y riesgo de deslizamientos de tierra por el desmantelamiento de afloramientos rocosos que sostienen la estructura de las vertientes.
Patrimonio arqueológico
El informe señala, además, la probable afectación del patrimonio arqueológico de la zona, donde existe evidencia documentada de presencia de materiales de interés histórico. La remoción del suelo, advierte el técnico actuante, puede haber borrado contextos, dispersado artefactos y eliminado información sobre el pasado de manera irreversible. Por esa razón, la IDM solicitó a la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico que aporte todos sus antecedentes sobre el área.
Oferta de lotes en redes sociales y retiro de cartelería oficial
La denuncia penal incorpora dos conductas adicionales que agravan el cuadro. La primera es la comercialización de lotes bajo la modalidad de “derechos posesorios” a través de redes sociales, con referencias a mensuras, documentación catastral y participación notarial. La IDM evaluó que esta modalidad de oferta, en el contexto de un área con autorizaciones suspendidas por resolución municipal, presenta apariencia de inducción a error a eventuales compradores y amerita investigación penal.
La segunda conducta es el retiro, ocultamiento o daño de la cartelería oficial instalada por la IDM como medida de policía territorial. Testigos reportaron que el retiro fue ejecutado por dos personas transportadas en una camioneta blanca marca Victory, matrícula SDH 3069. Ese mismo vehículo fue identificado posteriormente en el lugar durante la constatación del 11 de febrero de 2026, donde también se verificó la existencia de nuevas construcciones, una de ellas en ejecución al momento de la inspección realizada junto a la directora de Ambiente.
Personas y antecedentes mencionados en la denuncia
Sin formular imputación, la IDM aportó a la Fiscalía datos orientativos para la investigación. Una vecina habría señalado que los trabajos de apertura de calles fueron encargados por una mujer, con participación referida de una escribana. También se mencionó a una empresa que se dedica a la limpieza de terrenos y venta de materiales como presunta ejecutora de los trabajos de desmonte. La denuncia solicita que la Fiscalía requiera información para identificar a quienes publicaron y gestionaron la oferta en redes sociales, así como la trazabilidad del número de contacto consignado en esas publicaciones.
Marco legal y antecedentes administrativos
El área de Sierras del Tirol está comprendida en el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce, aprobado previamente por Resolución IDM N° 05339/2020, que dispuso la suspensión de autorizaciones de fraccionamiento, urbanización y construcción en tanto las nuevas determinaciones impliquen modificación del régimen vigente. El fraccionamiento intervenido data de 1942 y no estaba consolidado.
La IDM solicitó también que la Fiscalía requiera antecedentes al Ministerio de Medio Ambiente —a través de DINACEA—, al Ministerio de Ganadería por su Dirección General Forestal, y a la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico. Asimismo, pidió medidas cautelares urgentes de cese de obras, prohibición de innovar y controles policiales periódicos en el área, dado el riesgo de consolidación del daño y de pérdida de prueba material. El informe técnico propone una multa de 5.000 UR para compensar los gastos generados a la Intendencia por las acciones de los particulares.
