El Juzgado Letrado en lo Civil de 5º Turno de Maldonado, a cargo del Dr. Federico Rodríguez Luzardo, dictó el pasado lunes dos sentencias que condenan al Ministerio de Salud Pública (MSP) a financiar tratamientos médicos de alto costo para dos pacientes distintos, en el marco de sendas acciones de amparo. En ambos casos, el magistrado hizo lugar además a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), que quedó fuera de la condena.
Primer caso: un paciente oncológico de 65 años
El primero de los fallos beneficia a BB., un hombre de 65 años diagnosticado en 2025 con adenocarcinoma gástrico en estadio IV, con metástasis ganglionar y peritoneal. El caso fue confirmado por el letrado del actor, el doctor Gonzalo Peloche a quien escribe esta nota. Su oncóloga tratante indicó, como primera línea de tratamiento, la combinación de quimioterapia con el fármaco Nivolumab, en base a estudios internacionales (Checkmate-649) que muestran una mejora significativa en la sobrevida de estos pacientes.
El medicamento tiene un costo de US$ 7.820 por ampolla, con una necesidad estimada de 360 mg cada 21 días. BB. percibe una pensión a la vejez y no cuenta con recursos para afrontar el tratamiento, cuyo fin es paliativo: no cura la enfermedad, pero prolonga la vida y mejora su calidad.
El MSP había negado la financiación por no estar el fármaco incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) para esta patología específica. El juez consideró que esa negativa constituye una “ilegitimidad manifiesta” frente al derecho a la salud consagrado en el artículo 44 de la Constitución, dada la urgencia del caso y la inexistencia de alternativas terapéuticas equivalentes.
Riesgo de muerte súbita
El segundo fallo ampara a AA., un adolescente de 14 años, paciente de ASSE, portador del síndrome de Wolff-Parkinson-White, una afección cardíaca congénita. El joven ya había sido sometido a una ablación por radiofrecuencia en 2019, pero la vía anómala reapareció con el tiempo. Su cardiólogo tratante indicó una nueva ablación, procedimiento con una tasa de éxito de entre el 90% y el 95%, ante el riesgo de muerte súbita vinculado a la práctica deportiva, en particular el fútbol.
El estudio electrofisiológico y la ablación tienen un costo de entre $102.192 y $429.000, según se realice o no con mapeo. La familia del adolescente —de escasos recursos, con changas informales como único ingreso y beneficiaria de la Tarjeta Uruguay Social— no está en condiciones de afrontar ese gasto.
El MSP había rechazado el financiamiento por no estar el procedimiento incluido en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS). El juez entendió que, pese a ello, la negativa resultaba ilegítima frente al respaldo científico de la indicación y al riesgo cierto para la vida del paciente.
El rol del FNR
En ambas sentencias, el Fondo Nacional de Recursos —codemandado junto al MSP— logró que se hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva que había planteado. El juez sostuvo que el FNR, en tanto persona pública no estatal, carece de potestades para financiar prestaciones no incluidas previamente en el FTM o el PIAS por parte del MSP, que es el organismo con competencia exclusiva para definir esas actualizaciones.
Seguimiento
En los dos casos, el magistrado dispuso que los pacientes —o sus representantes, en el caso del menor— deberán presentar informes trimestrales sobre la evolución del tratamiento. Las costas y costos de ambos procesos quedaron en el orden causado.
