La jueza letrada en lo Penal de 4º Turno de Maldonado, Gabriela Azpiroz Quiroga, resolvió este miércoles extender por 90 días las medidas cautelares impuestas al ex presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción.
La decisión se adoptó durante una audiencia de revisión, donde la Fiscalía solicitó modificar el régimen de arresto domiciliario por medidas menos gravosas, argumentando el avance incompleto de la pesquisa.
Infante, de 48 años y afiliado al Partido Nacional, asumió la presidencia de la Junta en 2023 con amplio respaldo bipartidista, pero su gestión se vio empañada por denuncias de malversación de fondos públicos y falta de transparencia. El caso escaló en septiembre de 2024, cuando Infante no se presentó a la audiencia de formalización, optando por ausentarse del país, lo que motivó su declaración de rebeldía y la imposición inicial de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico de monitoreo. Tras su retorno voluntario y cumplimiento estricto de la medida, la Fiscalía, a cargo del Dr. Jorge Vaz, planteó una prórroga adaptada.
Sin efecto
En su alegato, el fiscal Vaz expuso: “La presente audiencia para discutir justamente la medida cautelar respecto del señor Infante. En el caso, la Fiscalía va a solicitar que se deje sin efecto la medida que actualmente está cumpliendo de arresto domiciliario y de portación de dispositivo electrónico y que se, a su vez, cambie la medida y se prorrogue la misma. Esto es, vamos a solicitar que se prorrogue por el plazo de noventa días, dado que la Fiscalía aún no ha cerrado la investigación, y a los efectos de asegurar la sujeción del señor Infante, que cumplió con la medida de arresto domiciliario”.
Vaz enfatizó que “cesaron las razones que motivaron la imposición inicial, como la no presentación a la formalización y la salida del país. Esto ha cesado dado que él cumplió a cabalidad, pero la investigación continúa, esperando un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)”. Propuso así: “Fijación de domicilio, presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, prohibición de salir del país salvo autorización judicial, y retención de documentos de viaje”.
La jueza Azpiroz Quiroga accedió a la solicitud fiscal con matices. “Se deja sin efecto el arresto domiciliario y el dispositivo electrónico, reconociendo el cumplimiento del imputado. No obstante, persisten riesgos procesales por la pendencia investigativa, particularmente el informe JUTEP pendiente desde octubre. Procede la prórroga por 90 días para garantizar sujeción al proceso, conforme arts. 222 y 230 del CPP”, resolvió.
Las medidas impuestas son: Fijación de domicilio, presentación periódica quincenal en la Seccional más cercana a su casa, en lugar de semanal. Prohibición absoluta de salida del territorio nacional sin expresa autorización de la justicia y retención judicial de pasaporte.
