El viernes pasado marcó un nuevo capítulo en la historia de Milagros Chamorro, la joven de 29 años que se quitó la vida el 25 de octubre de 2024 en la mutualista Casmu de Montevideo, tras denunciar una violación grupal sufrida a los 15 años en Punta del Este.
La audiencia, realizada en el Juzgado de Violencia de Género en San Carlos, reunió a familiares, colectivos feministas, abogados y al representante legal de uno de los acusados.
En la misma se citó a declarar al primer testigo, y se espera que en los próximos días lo hagan tres más. Santiago Mirande, abogado de la familia Chamorro, expresó optimismo: “La familia y sus abogados seguimos creyendo en la justicia uruguaya; ahora empezó el juicio justo por Milagros”.
Según Mirande, nuevos elementos de prueba, como una pericia psicológica de 2022 que detalla el relato de la víctima y material audiovisual no considerado previamente, han fortalecido la causa. Además, se busca citar a personas que habrían visto un video grabado por los acusados, donde, según el abogado, se evidencia la falta de consentimiento de Milagros.
Por su parte, Nicolás Pereyra, abogado de uno de los acusados, señaló que la investigación se centra en “hechos nuevos” no evaluados en los archivos previos. Sin embargo, afirmó que, tras la audiencia, las pruebas solicitadas por la defensa de la familia fueron denegadas, y considera que la investigación podría archivarse nuevamente, ya que los hechos habrían prescrito. Uno de los indagados, según posts en X, reside en España desde 2023, lo que complica su citación.
Relato
Milagros Chamorro, trabajadora social y estudiante de una maestría en Políticas Públicas, denunció en 2022 en el programa matutino de la emisora FM Gente haber sido víctima de una violación grupal en 2010, cuando tenía 15 años.
Según su relato, fue invitada por un conocido a una casa en Punta del Este para realizar un trabajo escolar. Allí, se encontró con cinco jóvenes —cuatro menores y uno mayor de edad— quienes le ofrecieron alcohol. Tras consumirlo, perdió el control de su cuerpo y fue abusada, fotografiada y filmada sin su consentimiento. El material fue difundido, y los agresores, según el hermano de Milagros, la hostigaron durante años, haciéndole gestos burlones en la calle. La causa penal fue archivada en dos ocasiones por prescripción, ya que, bajo el Código Penal de la época, los delitos sexuales prescribían a los diez años, y no se pudo determinar con claridad la participación del mayor de edad acusado.
La joven, diagnosticada con depresión y estrés postraumático, buscó ayuda psiquiátrica en la mutualista Casmu en múltiples ocasiones. En los días previos a su suicidio, acudió tres veces a la emergencia del centro de salud, manifestando ideas suicidas y solicitando atención especializada. Según actas del Ministerio de Salud Pública (MSP), Milagros expresó su desesperación, pero no fue atendida por un psiquiatra de guardia, recibió medicación que en ocasiones rechazó, y en su última visita, el 25 de octubre, se ahorcó con una bufanda en un box de emergencia tras horas de espera.
Casmu
Paralelamente, la Justicia reabrió en febrero de 2025 una denuncia penal contra la mutualista Casmu, una médica y varios funcionarios por posible “omisión de asistencia” en la atención a Milagros. Un informe del MSP, elevado a Fiscalía en enero, detectó “fallas en el proceso asistencial” que podrían constituir delitos. Según el acta de fiscalización, la joven consultó tres veces en tres días, pero no fue ingresada a observación ni atendida por un psiquiatra, incumpliendo protocolos para casos de riesgo suicida. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, señaló que existen “diferentes versiones” sobre la atención recibida, incluyendo que Milagros rechazó medicación y se retiró contra voluntad médica en ocasiones previas. La investigación administrativa continúa, y podrían derivarse sanciones penales contra la mutualista o los profesionales involucrados.
Esperanza
La audiencia del viernes desató emociones encontradas. Laura Cabrera, madre de Milagros, expresó su dolor: “No pudimos hacer justicia por ella”. Criticó que el abogado del acusado minimizara los hechos, calificándolos de “presuntos” y destacando que el indagado está fuera del país. Álvaro Chamorro, padre de la joven, mantuvo la esperanza: “Confío en la Justicia, en el Estado de Derecho, pero también en las personas”. Colectivos feministas y familiares se concentraron frente al juzgado, exigiendo que el caso no quede impune y calificando la muerte de Milagros como un “suicidio femicida” por la revictimización institucional sufrida.
Movilizados
El caso de Milagros ha generado un fuerte impacto con marchas en Montevideo y Maldonado. Organizaciones feministas, como las que convocaron el 4 de noviembre de 2024 en Plaza Cagancha, denuncian que la falta de respuesta judicial y la deficiente atención en salud mental contribuyeron al trágico desenlace. La investigadora Teresa Herrera, autora de un estudio sobre violación grupal, señaló que el caso refleja un “combo completo” de fallas institucionales. En respuesta, se ha anunciado un proyecto de ley para eliminar la prescripción de delitos sexuales, buscando evitar que casos como el de Milagros queden sin justicia.
