El ministerio de Educación y Cultura dispuso la intervención de la asociación civil “Club Defensor” de Maldonado ordenando, además, el desplazamiento de sus autoridades por seis meses que cuentan a partir de la toma de posesión del cargo de interventor, que se registró meses atrás. Éste, en uso de sus obligaciones, dispuso el llamado a asamblea general extraordinaria prevista para el próximo 10 de marzo y en la cual deberá aprobarse el nuevo estatuto de la institución.
La resolución de intervención fue dispuesta por el ministro Pablo Da Silveira el 10 de noviembre de 2023 a partir de la denuncia efectuada por varios socios que advirtieron el gerenciamiento privado de la institución sin contar con la autorización de la asamblea.
Los denunciantes agregaron que los directivos de la institución no efectuaron el llamado a elecciones, ni cumplieron con su obligación de cobrar las cuotas sociales.
La investigación de los hechos denunciados por el grupo de socios pasó a la órbita de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura.
Estatuto
Los abogados ministeriales dieron vista de las actuaciones las que fueron contestadas el 8 de mayo de 2023 por una sola persona que dijo ser el presidente de la institución a partir de una designación, “no elección”, celebrada en una asamblea efectuada el 26 de febrero de 2023. Las actuaciones pusieron de manifiesto la existencia de dos “entidades proclamadas comisión directiva”, no siendo ninguna de ellas el resultado de un proceso electoral tal y como lo establece el estatuto lo que “coloca a la institución al borde de la imposibilidad de cumplir normalmente con su objeto social”.
“La Dirección Nacional de Asuntos constitucionales y legales, considera que la situación constatada da mérito a la intervención con desplazamiento de autoridades de la entidad, con los cometidos de proceder a conformar adecuadamente el padrón social, convocar a Asamblea y celebrar elecciones en forma estatutaria, sin perjuicio del desarrollo de todas las acciones legales o judiciales que deba realizar para hacer posible el cumplimiento del objeto social por parte de la entidad”, expresa la resolución ministerial.
La fiscalía de gobierno de 2º turno coincidió con el planteo de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales y recomendó que se debería incluir entre los cometidos del interventor la reforma estatutaria para actualizar el texto del padrón de socios, reforma que deberá ser aprobada por la asamblea general de socios.
La resolución ministerial designó al contador Miguel Ángel Arón Blanco como interventor del Club Defensor por los próximos seis meses.
