MSP deberá brindar medicamentos de alto costo a un paciente de Maldonado

El hombre explicó en el recurso de amparo que el costo de ambos medicamentos es de 470 mil pesos mensuales, y sus ingresos ascienden a $ 70.000 de promedio mensual

Un tribunal de apelaciones confirmó una sentencia en primera instancia que había condenado al Ministerio de Salud Pública a proporcionar dos medicamentos de alto costo a un trabajador del puerto de Punta del Este. El fallo en alzada confirmó la sentencia en primera instancia de la jueza de primera instancia en lo civil de 6º turno, Fabiana Weisz dictada el pasado 5 de agosto de este año.
La magistrada condenó al Ministerio de Salud Pública a proporcionar los medicamentos Pembrolizumab y Axitinib, en los términos y condiciones que había solicitado el equipo médico que lo trata del mal que lo aqueja. Los abogados del ministerio apelaron el fallo en primera instancia. El expediente pasó a la órbita del tribunal de apelaciones en lo civil de 7º turno cuyos ministros luego confirmaron el fallo en primera instancia.
El Tribunal, con el voto coincidente de sus integrantes naturales confirmó la sentencia en examen, por los fundamentos fácticos y jurídicos, habida cuenta de que los agravios articulados como sustento de la apelación no resultaron eficientes para resolver en sentido diverso a lo fallado en primera instancia.
Luego de que el Fondo Nacional de Recursos y el propio MSP se opusieron a la entrega de los dos fármacos recomendados por sus médicos tratantes, el paciente interpuso, el 30 de julio de este año, un recurso de amparo contra ambas reparticiones estatales.

Diagnóstico
El hombre tiene 55 años y es portador de un “tumor renal metastásico de 20 cm. con invasión de la vena renal y trombo de la vena cava, diagnosticado en el mes de junio de este año, y también múltiples lesiones metastásicas hepáticas y pulmonares”.
A partir del diagnóstico de los médicos, el comité de tumores del Sanatorio Mautone de Maldonado optó por llevar un tratamiento en base a Pembrolizumab más Axitinib, con criterio sistémico paliativo, en virtud de la importante carga tumoral, la extensión lesional, la imposibilidad de realizar nefrectomía, y la irresecabilidad del tumor; siendo la solicitada la única opción potencialmente beneficiosa.
El 28 de julio fue presentada ante el MS y el FNR la petición correspondiente para conseguir ambos fármacos. Ni el MSP, ni el FNR respondieron al planteo. Al saber que ambos negaron el suministro de los mismos, el paciente optó por iniciar el recurso de amparo.

El fallo
“Atento a que los medicamentos registrados en el país para su venta al público son de libre acceso, como es el caso del medicamento de autos, el Estado debería garantizar que todos los habitantes puedan acceder al mismo. De lo contrario, se violenta el principio de igualdad, consagrado en la norma referida. Ha de tenerse presente que desde el momento en que se registró el medicamento para su libre comercialización en el Uruguay, siguiendo los protocolos y normas vigentes de la autoridad sanitaria, se permite su adquisición por los particulares que pueden acceder a ellos. De igual manera debería asegurarse que se disponga su expendio por las instituciones médicas, públicas y privadas, que suministran tratamientos y medicación a los habitantes del país. La omisión y por consiguiente conducta manifiestamente ilegítima de acuerdo a la ley 16,011, consiste a mi criterio, en permitir el acceso libre a la población y a su vez no garantizar que a través del sistema de salud se brinde esa medicación, registrada y autorizada a circular en el país, a todos los pacientes que lo requieran, sin que su condición económica constituya un obstáculo para ello. Es así que en este nuevo enfoque que establezco como sustento de mi voto, entiendo que, cuando un medicamento se registra en el país y se vende en farmacias, debe asegurarse su suministro y acceso a todos, o de lo contrario se discrimina a la población que necesitándolo para preservar su salud y en definitiva, su vida, no puede comprarlo por su cuenta”, dice el fallo en segunda instancia.
“El Ministerio de Salud Pública representa en este caso a ese Estado omiso, que debe propender a consagrar los procedimientos adecuados para que se cumpla en toda su extensión el artículo 8 de la Constitución, en cuanto al acceso a medicación de cualquier tipo de venta libre en el país. Ello, respaldado en el caso concreto en la evidencia científica que demuestra la eficacia del medicamento solicitado, para la patología de la actora y el informe pericial que así lo documenta, además de la indicación de su médico tratante. Cabe agregar, en consonancia con lo antedicho, que desde que un medicamento se registra en el país, ya sea de libre prescripción o controlada, cuando los facultativos dentro de su especialidad lo indican a un paciente, debe garantizarse que el mismo pueda serle suministrado por toda institución médica”, agregó.

El trabajador explicó que el alto costo de ambos medicamentos impidió que pudiera hacerse de los mismos. Sobre este punto el paciente explicó en el recurso de amparo que el costo de ambos medicamentos es de 470 mil pesos mensuales, y sus ingresos ascienden a $ 70.000 promedio mensual por su actividad independiente en el rubro de reparaciones náuticas en Punta del Este, siendo insuficientes para afrontar el costo mensual de los medicamentos.

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