Las condenas dictadas tras el megaoperativo antidrogas en Maldonado generan cuestionamientos sobre la proporcionalidad del instrumento procesal que permite reducir penas a cambio de confesión.
El cierre judicial de la operación Jacobo dejó dos lecturas contrapuestas. Por un lado, un éxito policial indiscutible: la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado desarticuló una organización criminal vinculada al narcotráfico y al tráfico de armas, con más de 57 kilos de cocaína incautados —equivalentes a más de 300.000 dosis valuadas en más de tres millones de dólares— y la detención de 15 personas tras 16 allanamientos simultáneos en Punta del Este, Lausana, Maldonado Nuevo, Sarubí, Barrio Rivera, Maldonado Park y Los Olivos.
Por el otro, una pregunta que incomoda: ¿alcanzaron las penas?
Santiago Montelongo, señalado como líder de la organización, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, con una pena de tres años y diez meses de penitenciaría.
Según explicó el abogado Marcos Pacheco en rueda de prensa, el condenado reconoció su participación en los hechos, lo que derivó en una reducción de la pena.
El resto del grupo, ocho hombres de entre 19 y 45 años, fueron condenados por suministro continuado de estupefacientes, con penas de entre dos años y dos años y seis meses de penitenciaría. Un noveno integrante, condenado por receptación agravada, recibió diez meses de prisión sustituidos por libertad a prueba.
Que una banda que manejaba veinte bocas de venta en San Carlos, Maldonado y Punta del Este —y cuya cúpula operaba desde un departamento en la torre Art Tower— haya cerrado su causa judicial en cuestión de días y con condenas que en varios casos no superan el mínimo legal generó malestar en sectores políticos y sociales.
El mecanismo utilizado fue el proceso abreviado, figura del Código del Proceso Penal que permite al fiscal acordar con el imputado una reducción de hasta un tercio de la pena a cambio del reconocimiento de los hechos, con control formal del juez pero sin margen para que este revise el mérito del acuerdo.
El ministro del Interior, Carlos Negro, felicitó a la Policía del departamento y a los encargados de la Brigada Antidrogas por el operativo. Sin embargo, el entusiasmo institucional por el golpe policial contrasta con la sobriedad de las condenas. Para los críticos del proceso abreviado, el caso Jacobo ilustra una tensión estructural del sistema: la herramienta que agiliza la justicia y evita juicios costosos puede, al mismo tiempo, abaratar el precio de delitos de alta complejidad y daño social.
La discusión no es nueva, pero el caso le devuelve urgencia. Con más de 110 kilos de cocaína incautados a lo largo de toda la investigación y una red que articulaba producción, distribución y protección armada, la pregunta que queda flotando en Maldonado es si tres años y diez meses —con posibilidad de salidas transitorias— es el mensaje que el sistema penal debe enviar al crimen organizado.
