El diputado fernandino Sebastián Cal, presentó el jueves pasado, ante la Cámara de Diputados, un Proyecto de Ley con el propósito de afrontar una problemática que desde hace unos años se viene tornando cada vez más frecuente y que según Cal, se vio exponencialmente incrementada a raíz de la pandemia, como consecuencia del auge de las actividades realizadas desde casa más la modificación de los patrones de conducta de los uruguayos: los delitos informáticos.
A través de variadas modalidades, los ciberdelincuentes logran acceder a datos personales para luego utilizarlos en maniobras tendientes a vaciar cuentas bancarias, realizar compras
con tarjetas de crédito, solicitar préstamos y concertar distintas transacciones financieras en nombre del damnificado, suplantar la identidad para obtener credenciales (usuario y
contraseña) solicitando dinero a cambio de la recuperación de las mismas, inmiscuirse en sitios de foros o juegos donde participan menores de edad para hacerse de fotos, audios o videos pornográficos, divulgar contenidos íntimos a través de redes sociales o medios de comunicación masiva, alterar el funcionamiento de empresas y muchas otras maniobras
que hoy carecen de tipificación expresa en el Código Penal Uruguayo.
In crescendo
Desde el mes de abril de 2021, estas conductas han aumentado significativamente, afectando a cientos de uruguayos (tanto personas como empresas) semanalmente. Hemos
sido testigos de las campañas de ciberseguridad, generadas por las Instituciones Financieras en pro de la defensa y formación de sus clientes, así como de las exhortaciones emitidas por distintos expertos (fiscales, asesores y demás) a los efectos de ser cautos con la información que compartimos habitualmente, mantenernos alerta y vigilar a los más pequeños de la familia, a la hora de utilizar canales digitales, sostuvo Cal.
Ante este contexto, el diputado fernandino y su equipo redactaron el referido Proyecto de Ley que se funda en dos pilares fundamentales: a) la tipificación de nueve delitos (entre los cuales destacamos: el acoso telemático, la suplantación de identidad, la estafa informática, etc.) con penas que van desde los seis meses de prisión a los seis años de penitenciaría, dependiendo de la gravedad de la conducta y la capacidad de afección de las víctimas; y b) medidas educativas consistentes en cursos para estudiantes de secundaria y escuelas técnicas, a los efectos de educar sobre conceptos relativos a finanzas personales y utilización de medios tecnológicos, de gran relevancia para quienes están próximos a ingresar al mercado laboral.
De este modo, se abre el camino de la discusión parlamentaria para la actualización de la normativa penal, con el fin de sancionar a quienes cometen estos delitos y generar un
marco jurídico que proteja a los uruguayos ante las nuevas modalidades criminales.
