Recibimos y publicamos: “Declaración de Casa Grande ante un nuevo 25 de noviembre”

Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Machista

Este 25 de noviembre nos encuentra con más mujeres asesinadas por femicidio y menos políticas de Estado en Uruguay.
Nuestro país, por ley, reconoce que la violencia machista es un problema de derechos humanos de orden público e interés general. Esa violencia la vivimos por ser mujeres, en todos los ámbitos: la calle, la casa, el trabajo, las instituciones y la política, y toma diversas formas como maltrato, abuso sexual o económico, presiones psicológicas y agresiones físicas.
La lucha contra este problema es responsabilidad del Estado, que debe actuar y garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El compromiso de fortalecer las políticas públicas contra la violencia de género fue reiterado en la campaña electoral por quienes hoy gobiernan. Sin embargo, más que fortalecer los programas y acciones, se han debilitado.
Si bien el Ministerio del Interior señala que ha disminuido la violencia doméstica, consideramos que es un grave error de percepción y desconocimiento de la realidad, dado el ascenso de la cantidad de femicidios ocurridos este año y el aumento de la demanda en los servicios de atención telefónica y presencial.

Hay menos denuncias porque:
● se modificaron las formas de registrarlas.
● se desestimula a las mujeres que se acercan a las comisarías.
● sin programas territoriales del MIDES, las mujeres tienen menos asesoramiento y percepción del riesgo.
● el sistema se concentró en las Unidades especializadas de Violencia Doméstica y Género, que no tienen la cobertura territorial de las seccionales policiales.
Las tobilleras han demostrado ser un dispositivo muy eficaz para la prevención de las muertes, pero nos preguntamos si es posible garantizar el seguimiento eficaz de los dispositivos activos, cuando los equipos responsables están sobrecargados, cada vez con más tobilleras a controlar.
Rechazamos la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género, incluida en el artículo 57 de la LUC, cuyo accionar se concentra en la actuación en las Comisarías Especializadas, debilitando la intervención en el resto de la estructura policial.
La consigna del Ministerio del Interior: “Prioridad de Estado, Responsabilidad Ciudadana”, es preocupante. Creemos que de esta manera se está invirtiendo la carga de los deberes frente a este problema público: la responsabilidad es del Estado.
El Poder Judicial sigue postergando la instalación a nivel nacional de los Juzgados de Violencia de Género, que simplificarían los procesos a las mujeres. Mientras tanto, no hemos visto ninguna campaña en relación a la prevención contra la violencia machista.
Asimismo, nos preocupa profundamente que los ministerios de Salúd Pública y de Vivienda hayan congelado las intervenciones previstas para las mujeres que sufren violencia de género.
Por eso decimos que hoy en Uruguay, el Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia de Género no está garantizado.