El predio de Arenas de José Ignacio incautado a los responsables de la “ruta del dinero K” fue subastado en la tarde de este martes en 320 mil dólares.
La subasta se llevó a cabo en el ámbito de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI) de Montevideo en el marco del acuerdo alcanzado con la Junta Nacional de Drogas ordenadora de este remate oficial y público.
El predio generó con el correr de los años una deuda de impuestos municipales de alrededor de 15 mil dólares
El terreno en cuestión es un lote de 1.950 metros cuadrados ubicado en la zona catastral del Faro de José Ignacio, en el departamento de Maldonado. Forma parte de la manzana 51, con frente a la Ruta 10 (Juan Díaz de Solís) y salida a la calle Simonides. Este predio fue adquirido por el empresario argentino Lázaro Báez como parte de un entramado de operaciones inmobiliarias destinadas, según la justicia, a blanquear fondos de origen ilícito provenientes de coimas por obras públicas en Argentina durante los gobiernos del matrimonio presidencial Néstor y Cristina Kirchner.
Decomiso
El terreno fue decomisado en septiembre de 2018 por el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno, a favor de la Junta Nacional de Drogas (Fondo de Bienes Decomisados), mediante el Decreto N.º 951/2018. La medida se originó tras una denuncia presentada en 2016 por los entonces diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña, quienes señalaron a Báez y sus socios por lavado de activos. La investigación en Uruguay, liderada por el fiscal Luis Pacheco, determinó que este predio, junto con otros bienes como el campo “El Entrevero”, fue comprado con dinero de procedencia ilegal.
Báez adquirió el lote cerca del Faro de José Ignacio en 2011 por 800.000 dólares, a través de sociedades y testaferros, como parte de una estrategia para ocultar la titularidad real. La justicia uruguaya y argentina coincidieron en que el valor declarado superaba el precio de mercado de la época, sugiriendo una maniobra de sobreprecio para justificar el ingreso de fondos ilícitos.
El remate del predio fue autorizado por la Secretaría General de la Presidencia el 15 de enero de 2025, tras la subasta exitosa del campo “El Entrevero” el 8 de enero de ese año. A diferencia de “El Entrevero” (vendido por 10,8 millones de dólares), este lote más pequeño tuvo una base inicial mucho menor, fijada en 117.000 dólares, reflejando su estado de conservación regular y la presencia de estructuras como corrales de encierro, un corral de vareo y una manga de carga. El precio final del remate fue de 320 mil dólares.
Los ingresos serán administrados por la Junta Nacional de Drogas, destinados a políticas de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Antecedentes
En agosto de 2024, Báez fue condenado en Uruguay a cuatro años y medio de prisión por lavado de activos agravado, vinculado a la compra de este predio y “El Entrevero”. Además, se le impuso una multa de tres veces el monto de las operaciones (unos 14,8 millones de dólares en total). En la misma causa, el exfinancista Leonardo Fariña recibió una pena de dos años y medio, reducida por su colaboración como “arrepentido”. La justicia comprobó que el dinero provenía de “La Rosadita”, una financiera argentina usada para canalizar sobornos, y que las propiedades en Uruguay eran parte de un esquema para lavar unos 205 millones de dólares entre 2010 y 2013.
Mientras “El Entrevero” (145 hectáreas) se vendió por una cifra millonaria gracias a su ubicación estratégica y potencial urbanístico, el predio de José Ignacio es más modesto en tamaño y valor. Sin embargo, ambos forman parte del mismo caso y comparten una historia de decomiso ligada a la corrupción. El comprador de “El Entrevero” fue el grupo argentino liderado por Eduardo Costantini (Consultatio).
El remate del predio de José Ignacio es un capítulo más en el proceso de recuperación de activos de “La Ruta del Dinero K”, destacando la colaboración judicial entre Uruguay y Argentina para desmantelar redes de lavado.
El predio mantiene una deuda por concepto de tributos municipales ante la Intendencia de Maldonado, suma que asciende al 6 de marzo de 2025 a 630.771 pesos, con vencimiento el día 31 de marzo de 2025, sin perjuicio de su variación por concepto de multas y recargos al momento en que sea cancelada la deuda
