En un contexto de crecientes dificultades económicas, Uruguay experimenta un notable incremento en las solicitudes de Concursos de Acreedores durante el primer semestre de 2025, alcanzando cifras históricas desde la aprobación de la Ley 18.387 en 2008. Según datos publicados por Lideco (Liga de Defensa Comercial) el 9 de julio de 2025, se registraron 99 solicitudes, un 62% más que las 58 del mismo período en 2024, cuando también hubo 3 Acuerdos Privados de Reorganización (APR). Este año, los APR desaparecieron por completo, marcando una caída del 100%. Desglosando por tipo, los Concursos Voluntarios —presentados por el deudor— sumaron 34, un aumento del 127% respecto a 2024. Los Concursos Necesarios —solicitados por terceros— totalizaron 65, con un incremento del 51%. Estas variaciones comparativas destacan la presión financiera sobre empresas y personas. Al comparar con semestres anteriores, el primer semestre de 2025 es el de mayor actividad concursada en los últimos seis años, superando incluso los picos post-crisis de 2002.
Gráficamente, la tendencia ascendente proyecta a 2025 como un año récord: en 2017, el máximo anual bajo la actual ley fue de 117 concursos, con 57 en el primer semestre. Si la dinámica persiste, 2025 podría eclipsar esa marca, reflejando un deterioro económico generalizado.
¿Qué explica este boom en solicitudes?
Lideco atribuye gran parte al colapso de fondos ganaderos. Específicamente, 31 concursos (necesarios y voluntarios) están vinculados a empresas y personas relacionadas con Conexión Ganadera, un fondo que ha generado múltiples expedientes por parte de acreedores. Además, 4 solicitudes afectan a firmas externas impactadas por esta caída, y otras 8 se dirigen a entidades ligadas a Portfolio Capital. Estos casos ilustran cómo fallas en sectores clave como la ganadería propagan insolvencias, afectando cadenas de valor y confianza inversionista.
Sanciones
Paralelamente, el informe de Lideco resalta un aumento sostenido en cuentas corrientes bancarias sancionadas, revirtiendo la tendencia a la baja observada hasta febrero de 2022. Entre junio de 2024 y mayo de 2025, se sancionaron 1.243 cuentas, un 10,20% más que en el período anterior. De estas, 942 fueron suspensiones (crecimiento del 9,79%) y 301 clausuras (aumento del 11,48%).
Las sanciones, reguladas por la Ley 14.412, Decreto 730/975 y normas del Banco Central del Uruguay (BCU), afectan a firmantes de cheques y titulares de cuentas (personas o empresas). La suspensión, por seis meses, ocurre cuando un banco rechaza un cheque por fondos insuficientes y no se paga en cinco días tras notificación. La clausura, de uno o dos años, la impone el BCU si hay reincidencias en múltiples bancos o emisiones contra cuentas ya sancionadas. Efectos: no se pagan cheques post-notificación, e inhabilitación para operar en el banco (suspensión) o todo el sistema financiero (clausura).
Este doble fenómeno —concursos y sanciones bancarias— subraya desafíos macroeconómicos en Uruguay. Analistas consultados por Lideco vinculan el incremento a factores como inflación persistente, desaceleración exportadora en agro y ganadería, y efectos residuales de la pandemia. El colapso de fondos como Conexión Ganadera amplifica el problema, exponiendo vulnerabilidades en inversiones rurales, un pilar económico nacional.
Expertos advierten que, sin intervenciones como reformas crediticias o apoyo estatal a sectores afectados, la tendencia podría profundizarse en el segundo semestre. El BCU monitorea de cerca estas métricas, ya que impactan en la estabilidad financiera y el acceso al crédito.
Lideco, fuente de estos datos, enfatiza la necesidad de transparencia y prevención. Mientras tanto, el gobierno evalúa medidas para mitigar insolvencias, aunque no se han anunciado acciones concretas.
