A través de un comunicado, la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, fijó posición sobre la determinación para que las instituciones (entre las que se incluyen cámaras empresariales y la Central Sindical de Trabajadores) devuelvan más de U$S 400.000 al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).
La Cámara Empresarial de Maldonado, que forma parte de CRECE se adhirió al comunicado y exigió una aclaración pública que “determine las gremiales empresariales involucradas en el fraude a fin de dejar a salvo la honorabilidad de las Cámaras no involucradas y de sus Directivos”.
El comunicado, emitido el viernes, exigió a las gremiales involucradas comunicar y hacer públicas las determinaciones internas “para desterrar a aquellos que nunca debieron ser parte de tan noble tarea”.
Además, sostuvo que “las mismas gremiales siempre faltaron para dar apoyo a nuestros reclamos ante organismos del Estado, en clara demostración que los entretenía la fiesta de ser bufones de los gobiernos de turno.
“La cercanía de estas gremiales, los sindicatos y gobiernos, no nos sorprende, por algo seguimos con un PitCnt sin personería jurídica, por algo cuando se juegan “partidos” importantes como las elecciones de BPS el PitCnt presentó junto a las grandes gremiales, un candidato que defendía los intereses del propio sistema no de las empresas”.
El pronunciamiento señala “la solidaridad con los socios de las gremiales implicadas y con los honorables que representaron a la institución, hoy manchada por los siniestros que ensuciaron sus nombres”, finaliza el comunicado.
El hecho
Según informó el diario capitalino El País, varias entidades vinculadas al mundo sindical y empresarial deberán devolver el equivalente actual a poco más de US$ 400.000 al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que les fueron aportados por ese organismo, pero que terminaron siendo destinados a fines apartados de la normativa.
La resolución fue confirmada en los resultados de un estudio de seguimiento que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) realizó sobre un análisis que esa misma oficina había efectuado en 2020 y que había corroborado graves irregularidades en los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2019, los tres últimos años gobierno del Frente Amplio.
Entre ellas, que en el 90% de las rendiciones de cuentas presentadas por las instituciones beneficiarias del Inefop presentaban gastos totalmente por fuera del marco legal vigente.
Se trata de dineros que forman parte del Fondo de Reconversión Laboral -que se nutre con el aporte de trabajadores y empleadores privados que, según la ley vigente, tienen que ser destinados a la “cooperación y asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva”.
También a la “promoción del empleo juvenil”.
Pero, según el estudio, gran parte de ese dinero terminó siendo derivado a gastos tales como “pagos de cenas en locales nocturnos en la madrugada” o a abonar los honorarios profesionales de abogados en litigios ajenos al instituto. También a reiteradas compras en supermercados, alquiler de vehículos, servicios de catering y almuerzos, honorarios en clínicas odontológicas y médicas, suscripciones de prensa o salarios de funcionarios no vinculados a las instituciones relacionadas.
En concreto, las organizaciones involucradas deberán reintegrar un total de $16.940.000 por gastos observados a cuenta de futuros desembolsos, con cargo al presupuesto de los años 2023 a 2025. (El País)
