En una nueva audiencia judicial celebrada este miércoles en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción en la Junta Departamental, la Justicia decidió extender por 90 días las medidas cautelares contra Darwin Correa y José Luis Sánchez, ambos imputados por fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público. La instancia para el tercer expresidente involucrado, Alexandro Infante, fue postergada para la próxima semana.
La audiencia, que tuvo lugar en el Centro de Justicia de la capital departamental, se centró en la prórroga de las restricciones impuestas a Correa y Sánchez. Como parte de estas medidas, ambos tienen prohibido salir del país –con retención de sus documentos de viaje–, deben fijar domicilio y presentarse una vez por semana en una seccional policial. Estas disposiciones, inicialmente aplicadas tras su formalización, se extenderán por un plazo adicional de 90 días, mientras avanza la investigación liderada por el fiscal Jorge Vaz.
En tanto, Alexandro Infante, quien enfrenta cargos similares más un delito de abuso de funciones especialmente agravado, cumple actualmente arresto domiciliario total. Su defensa solicitó la postergación de la audiencia prevista para este miércoles, argumentando un conflicto de agenda con otra instancia judicial a la misma hora.
Uno de los abogados confirmó a la emisora FM GENTE que la nueva fecha será el miércoles próximo, permitiendo así la continuidad del proceso sin interrupciones.
Una operativa
El caso, que ha generado amplio eco en la opinión pública departamental, investiga una presunta trama de corrupción en la Junta Departamental durante las presidencias de estos exediles. Según el alegato inicial del fiscal Vaz al solicitar la formalización, Correa y Sánchez “montaron una operativa para engañar a la Junta Departamental”.
La investigación determinó que Correa e Infante simularon la contratación de un proveedor, al que supuestamente se le pagaron facturas por un total de 1.400.000 pesos uruguayos. Sin embargo, el Ministerio Público reveló que la mayor parte de ese dinero “terminó en el bolsillo” de Sánchez.
La empresa involucrada, Ramón Sosa –supuestamente contratada para obras de mantenimiento edilicio–, nunca realizó trabajos para la Junta. En realidad, “le prestó las facturas” a Sánchez, facilitando el desvío de fondos.
Los pagos eran depositados en una cuenta bancaria a nombre del hijo de Sánchez, quien posteriormente transfería el dinero a su padre, configurando un esquema de fraude agravado. Fuentes judiciales indicaron que la prórroga de las medidas cautelares se justifica por el riesgo de obstrucción a la justicia y la necesidad de profundizar en las pruebas recolectadas, incluyendo testimonios, documentos financieros y análisis de transacciones bancarias.
Inocentes
Por su parte, las defensas de los imputados han sostenido la inocencia de sus representados, argumentando que las acusaciones se basan en interpretaciones erróneas de procedimientos administrativos. No obstante, hasta el momento, no han presentado recursos que modifiquen el curso de la investigación. “La Justicia debe actuar con firmeza para restaurar la confianza en el sistema”, señaló Vaz en su alegato inicial, aunque no realizó declaraciones públicas tras la audiencia de este miércoles.
La postergación de la audiencia de Infante no afecta el cronograma general del caso, que podría derivar en un juicio oral si se confirman las imputaciones.
