El Partido Nacional difundió en la mañana de este lunes un detallado comunicado en el que reafirma su compromiso de seguir construyendo una “verdadera política de Estado” en materia de seguridad pública y plantea un conjunto de propuestas concretas que espera se concreten, en su mayoría, durante el año 2026.
El texto comienza destacando que los primeros meses del nuevo gobierno han demostrado que muchas de las políticas y cambios normativos impulsados durante el período 2020-2025, incluida la LUC, se mantienen vigentes y se ejecutan con normalidad, y que varios de los responsables de esas áreas continúan desempeñando funciones de alta responsabilidad.
El Partido Nacional participó activamente en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública a través de sus delegados y considera que la seguridad es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía. Por eso, entiende que el abordaje debe centrarse en respaldar de manera clara y sostenida a la Policía, fortalecer su legitimidad operativa y dotarla de herramientas efectivas mediante una fuerte inversión en tecnología.
Los blancos proponen atacar el delito desde un enfoque dual: represión focalizada sobre los grupos y dinámicas que concentran la violencia y el daño social, junto a un paquete coherente de reformas normativas que le den al Estado mayor capacidad de prevención, contención y represión.
Planteamientos
Uno de los puntos más enfáticos es la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad penitenciaria que recupere el control de las cárceles, profesionalice la gestión, reduzca la reincidencia y vuelva a convertir a los centros de reclusión en un eslabón efectivo de la política de seguridad. Para ello, reclama concretar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, proyecto sobre el cual ya existe acuerdo político entre las distintas fuerzas.
Otro objetivo central para 2026 es lograr una reforma consensuada del Código del Proceso Penal que combine el proyecto que presentará el Poder Ejecutivo con las iniciativas del Partido Nacional y del resto de los partidos con representación parlamentaria.
En paralelo, el PN impulsa el tratamiento urgente de más de veinte proyectos de ley de su autoría. Entre las iniciativas más relevantes se encuentran la creación de la figura penal de “Organización de Narcotráfico, Crimen Organizado o Lavado de Activos” inspirada en el delito de asociación mafiosa del Código Penal italiano, con fuertes aumentos de pena; la tipificación específica del tráfico de fentanilo con penas de ocho a quince años; el castigo penal por el ingreso de celulares y otros dispositivos a las cárceles; la autorización automática de allanamiento diurno en bocas de droga con solo la denuncia policial; la prohibición de acampar o pernoctar en espacios públicos o entradas privadas con sanción de trabajos comunitarios; la inhabilitación de la libreta de conducir para quienes manejen vehículos hurtados o clonados; mayor protección penal al honor y a la presunción de inocencia frente a calumnias e injurias, especialmente en redes sociales; y protección especial a los peritos que declaran en causas de narcotráfico y crimen organizado.
Reclusión perpetua
El documento también incluye el rediseño del tipo penal de organización criminal con aumento de penas por integración, financiamiento y reclutamiento, agravantes automáticas cuando existan vínculos internacionales, sicarios o menores involucrados, y la posibilidad de reclusión perpetua revisable para ciertos homicidios muy graves.En materia tecnológica e infraestructura, el Partido Nacional propone instalar 6.000 nuevas cámaras organizadas en seis bases regionales que abarquen todo el país, incorporar alrededor de 40 drones urbanos y 20 drones para rutas nocturnas, expandir el sistema de detección de disparos Shotspotter, instalar 60 sitios autónomos Starlink para seguridad rural ante el aumento del abigeato, y completar el blindaje de fronteras con radares móviles y fijos cuyo proceso de adquisición ya había iniciado el gobierno anterior. Además, plantea la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de los centros poblados, el aislamiento real de los líderes criminales, la creación de nuevos equipos y fiscalías especializadas en homicidios, más bases regionales de Investigaciones policiales, incremento de efectivos, mejora salarial, planes de vivienda policial en conjunto con las intendencias y atención especial a la salud mental del personal y sus familias.
Finalmente, el comunicado justifica destinar parte del endeudamiento público aprobado a estas inversiones en tecnología e infraestructura, recordando que en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública participaron organismos internacionales como el BID, la CAF, la OEA y el PNUD.Con este documento, el Partido Nacional busca posicionarse como actor central en la definición de una política de Estado en seguridad para los próximos años y presiona para que 2026 se convierta en el período de las grandes reformas legislativas y operativas en la materia.
