Este 19 de febrero se cumplen 146 años de la aprobación de la ley por la que el Parlamento uruguayo autorizó la reivindicación del dominio nacional sobre la Isla Gorriti (y San Gabriel), resolviendo un litigio que se extendió por décadas. El episodio se remonta a la Guerra Grande. En junio de 1843, Samuel Lafone, en representación de su hermano Alejandro R. Lafone, ofreció comprar la isla en perpetuidad por 1.500 pesos plata al contado. La propuesta incluía la única servidumbre de permitir al Gobierno instalar baterías y cuarteles cuando lo considerara necesario. El 13 de junio de 1843, el ministro Suárez Muñoz aprobó la operación “en todas sus partes”. Diez días después, Ambrosio Mitre recibió el pago en Tesorería, y el 23 de junio se otorgó la escritura pública a favor de los hermanos Lafone, quienes declararon haber adquirido la isla en sociedad con el almirante británico Sir George Sartonius Kingth, en partes iguales. Todo se protocolizó en la Escribanía de Gobierno y Hacienda.
Marcha atrás
En 1858, el Estado inició un juicio de conciliación argumentando que la isla nunca había salido de su dominio, que el precio era irrisorio y que el Gobierno de la Defensa carecía de facultades para enajenar bienes nacionales sin cumplir las formas legales. El pleito se prolongó durante décadas y quedó paralizado en 1861 por falta de impulso. En 1877, bajo la presidencia del doctor Francisco Antonio Vidal, el tema cobró nuevo impulso. Ese año, John Munro y G. Lafone Quevedo solicitaron permiso para mensurar la isla y construir en ella, presentando planos.
Para resolver definitivamente el litigio, las Cámaras Legislativas aprobaron el proyecto de ley presentado por el diputado Francisco Bauzá. El artículo único establecía: “Art. 1) Autorízase al Poder Ejecutivo para reivindicar por medios pecuniarios (£1.000 a cada uno de los condueños. El valor presente de ese pago a febrero de 2026 equivale a £156.150,88) y a la mayor brevedad, el dominio absoluto de la Nación, sobre las islas de Gorriti y San Gabriel”.
La ley fue sancionada el 19 de febrero de 1880. El 13 de marzo del mismo año, el ministro Alfredo Vázquez Acevedo firmó la resolución que ordenó archivar el expediente, dando por terminado el asunto. La isla volvió a ser propiedad plena del Estado uruguayo. Tras 37 años desde la venta original y 22 de litigio formal, la operación de 1843 —realizada en contexto de guerra— fue rectificada mediante el pago de 2.000 libras esterlinas, consolidando la soberanía sobre un territorio estratégico.
Fuente: Don Carlos Seijo, Maldonado y su región.
