El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo régimen de crédito fiscal para producciones audiovisuales nacionales e internacionales que se filmen en el territorio nacional, según un decreto firmado el 3 de julio por los ministerios de Economía y Finanzas, Educación y Cultura, e Industria, Energía y Minería.
La norma, dictada al amparo del artículo 686 de la Ley de Presupuesto N° 20.446, habilita a las empresas alcanzadas por el IRAE y a las cooperativas a descontar el 30% de los gastos elegibles realizados en territorio nacional cuando desarrollen producciones, coproducciones o postproducciones de largometrajes, series, formatos televisivos, contenidos digitales, videoclips o publicidad.
El beneficio se suma a la herramienta de “Cash Rebate” que ya opera desde 2019 en el marco del Programa Uruguay Audiovisual, gestionado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). Según los fundamentos del decreto, ese mecanismo presenta limitaciones estructurales que lo vuelven insuficiente para cubrir la totalidad de los proyectos que se postulan, en especial las producciones de mayor envergadura. Por eso, ambos instrumentos serán excluyentes: quien reciba el cash rebate no podrá acceder al nuevo crédito fiscal para el mismo proyecto.
Solicitudes
Para acceder al beneficio, las empresas deberán acreditar un gasto elegible mínimo de UI 1.200.000 (unidades indexadas), documentado y auditable, ejecutado efectivamente en el país. El crédito se materializa mediante certificados con una vigencia de 36 meses, que la Dirección General Impositiva podrá autorizar a ceder a bancos, entes autónomos, servicios descentralizados y empresas aseguradoras para cancelar obligaciones tributarias.
Entre los gastos admitidos se incluyen honorarios de dirección, guion y elenco de residentes uruguayos, equipos de fotografía, sonido y arte, alquiler de equipamiento técnico, viáticos y pasajes de personal vinculado al rodaje, vestuario y escenografía, doblaje y subtitulado, y hasta costos vinculados a prácticas de sustentabilidad en los rodajes.
Las solicitudes deberán presentarse ante la ACAU, que junto con la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones definirá los requisitos y plazos de cada convocatoria. Un comité evaluará cada proyecto según criterios como generación de empleo, encadenamiento con proveedores locales, monto de inversión, descentralización territorial, sostenibilidad ambiental, participación de directores, guionistas o actores uruguayos, y el aporte a la promoción internacional del país como plaza de rodaje.
Monitoreo
Si la empresa solicitante no responde en 30 días hábiles a un pedido de información adicional, la solicitud se considerará desistida. Una vez aprobado el proyecto, los beneficiarios deberán rendir cuentas ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, que auditará los gastos con eventual apoyo técnico de la ACAU y de la DGI, antes de habilitar el canje de los certificados de crédito.
El decreto también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a fijar, cuando lo considere necesario, un tope anual para el monto total de beneficios a otorgar, y exige a la ACAU presentar cada año un informe de ejecución. Además, bajo la coordinación del Programa Uruguay Innova y con apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia deberá diseñar una metodología de monitoreo de los efectos económicos de la herramienta.
El Gobierno sostiene que desde 2019, gracias a los incentivos vigentes, Uruguay logró consolidarse como destino atractivo para rodajes internacionales, atrayendo inversión, empleo calificado y un aumento sostenido en la cantidad de semanas de filmación en el país. Con el nuevo crédito fiscal, busca competir con otros países de la región que ya ofrecen esquemas de incentivos alineados con estándares internacionales para captar producciones de mayor escala.
