El proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal remitido por el gobierno al Parlamento introduce significativas modificaciones en el ámbito tributario, según un informe de la consultora Guyer & Regules. Estas reformas buscan fortalecer la capacidad de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana y otros organismos, con énfasis en el acceso a información financiera y la simplificación de procesos. Sin embargo, algunos expertos advierten que, aunque facilita pagos y reduce burocracia en ciertos sectores, esta reforma podría impactar en la privacidad bancaria y las obligaciones de contribuyentes.
Uno de los cambios más destacados es la modificación al secreto bancario. Actualmente, la DGI debe solicitar judicialmente el levantamiento de este secreto para inspecciones locales o intercambios internacionales. El proyecto elimina esta exigencia, permitiendo que la DGI solicite directamente al Banco Central del Uruguay (BCU) información sobre cuentas, productos y operaciones de personas físicas, jurídicas o entidades.
El BCU debe requerir datos a las instituciones financieras en 5 días hábiles, y estas responder en 15 días. El incumplimiento por parte de las entidades financieras acarreará multas de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención, equivalente a unos USD 317.000. Además, se penaliza con prisión de tres meses a tres años a funcionarios de la DGI que violen el secreto de la información obtenida.
En Aduana
En el ámbito aduanero, la Aduana gana facultades para solicitar judicialmente el levantamiento del secreto bancario en casos de denuncias penales por contrabando o defraudación. También podrá pedir al BCU datos sobre participaciones patrimoniales durante inspecciones o para reprimir delitos aduaneros, ampliando su alcance investigativo.
Otro punto clave es la estimación de oficio por la DGI. Si un contribuyente no presenta su declaración jurada pese a tener un borrador proporcionado por la DGI, esta podrá determinar el impuesto basándose en ese borrador y otros datos conocidos, agilizando el proceso pero aumentando el riesgo de determinaciones unilaterales.
En cuanto a sanciones, se ajustan los recargos por mora. Desde 2018, si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anula actos de la DGI o el Banco de Previsión Social (BPS) por vicios formales, se suspenden los recargos mensuales durante la recomposición. El proyecto limita esta suspensión solo a los adeudos que motivaron la anulación, evitando abusos amplios. El Poder Ejecutivo podrá designar agentes de retención y percepción para todos los impuestos recaudados por el BPS, extendiendo un mecanismo ya existente para la DGI, lo que podría implicar mayor responsabilidad para empresas en la cadena de pagos.
Sobre prescripción tributaria, cuando se interrumpe el plazo por alguna causal, el nuevo cómputo inicia al cierre del año civil del hecho interruptivo, extendiendo potencialmente los periodos de revisión. En prescripción aduanera, la Aduana podrá declarar de oficio o a petición la prescripción de infracciones, tributos y multas en casos con declaración aduanera. Se amplía de dos años la caducidad para reclamos civiles y actividades de control, no solo destinos aduaneros. Para facilitar pagos, se extiende de 36 a 72 meses el plazo de convenios con DGI y BPS. Estos organismos podrán fijar cuotas fijas o variables, fechas de pago y medios electrónicos. Los contribuyentes podrán autorizar retenciones sobre salarios o pasividades para abonar cuotas, y los obligados a retener serán responsables. La administración podrá revocar facilidades si no se cobra íntegramente, según reglamentación. En Aduana, se otorgan facilidades en actas de reconocimiento de adeudos. La DGI amplía su publicidad de contribuyentes inscritos en el RUT, incluyendo cumplimiento de estándares internacionales en transparencia fiscal, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que podría exponer incumplimientos públicamente. Se obliga a mantener domicilio electrónico ante la DGI una vez constituido, con todas las notificaciones allí, sin reversión a físico salvo nuevo electrónico, modernizando comunicaciones pero requiriendo adaptación digital.
En despacho aduanero, se crea un régimen simplificado para importaciones de insumos, máquinas y equipamiento para salud, exonerando tasas y tributos, y sin requerir despachante. Finalmente, las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE) deberán reportar anualmente a la DGI para intercambio automático de información con fiscos extranjeros bajo el estándar CRS, alineando Uruguay con normas globales.
Según Guyer & Regules, estas reformas buscan eficiencia y cumplimiento, pero podrían elevar cargas administrativas.
