La Junta Nacional de Drogas (JND) dispuso en las últimas horas la venta en subasta pública de un inmueble en Punta del Este, decomisado en un caso de lavado de activos vinculado al crimen organizado mexicano.
La propiedad, valuada en una base de USD 680.000, perteneció a Gerardo González Valencia, un alto líder del cártel Los Cuinis, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El bien inmueble, identificado como Padrón N° 7617, se ubica en la calle Voltaire, entre Luis Pasteur y Avenida de las Magnolias, en el Barrio Parque del Golf. Conocida como “Quincho Grande”, esta casa fue adquirida por González Valencia por unos 2 millones de dólares en 2011, utilizando fondos presuntamente ilícitos.
La resolución de la JND, firmada por el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta, establece que la subasta se realizará a través de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, en cumplimiento de normativas como el Decreto-Ley N° 14.294 y la Ley N° 19.574.
Confiscada
El decomiso se originó en la Sentencia N° 27/2020, dictada el 30 de noviembre de 2020 por el Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno. En los autos caratulados “González Valencia, Gerardo. Un delito continuado de lavado de activos. Amaral Arévalo, Wendy. Un delito de asistencia al lavado de activos”, se dispuso la confiscación a favor de la JND.
Gerardo González Valencia, alias “El Lalo” o cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”, líder del CJNG), fue detenido en Uruguay en abril de 2016 mientras intentaba huir del país con su familia.
Tras cuatro años de prisión en Montevideo, donde luchó contra su extradición, fue enviado a Estados Unidos en mayo de 2020.
En julio de 2023, un tribunal estadounidense lo condenó a cadena perpetua por narcotráfico y lavado de dinero, acusándolo de ocultar cocaína en cargamentos exóticos, como cadáveres de tiburones. Wendy Dalaith Amaral Arévalo, esposa de González Valencia, fue procesada por asistencia al lavado de activos, pero liberada en julio de 2016 por la Justicia uruguaya.
El narco, su esposa y sus hijos establecieron una vida lujosa en Punta del Este desde 2011, bajo falsas identidades, invirtiendo en propiedades y negocios para blanquear fondos del narcotráfico.
González Valencia confesó ingresar dinero en efectivo al país sin transferencias bancarias, y la mansión se convirtió en símbolo de su red de lavado en Sudamérica.
Tras la extradición, la propiedad quedó abandonada, atrayendo incidentes como una fiesta clandestina para 400 personas en octubre de 2021, que fue desalojada por la Policía. Luego la casa fue empleada para alojar a los integrantes de la Guardia Republicana para facilitar su despliegue en Punta del Este.
Ahora, cinco años después, la JND busca monetizar el activo para destinar fondos a políticas antidrogas, conforme a la normativa vigente.
