Por Laura Garganta
El domingo 20 de julio, desde las 10 de la mañana, cientos de personas se congregaron en distintos puntos de la costa uruguaya en una convocatoria simultánea impulsada por “Mar libre de petroleras Uruguay”. Una de las concentraciones más visibles tuvo lugar en la parada 1 de la Mansa, en Punta del Este, donde vecinos, activistas y representantes de organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación frente a los planes de prospección sísmica submarina en el Atlántico Sur, promovidos por empresas internacionales en acuerdo con ANCAP.
La jornada, además de incluir la recolección de firmas contra la iniciativa, incluyó una emotiva liberación de pingüinos rehabilitados por SO.CO.BIO.MA, que sumó fuerza simbólica al reclamo: preservar el hábitat de especies vulnerables y hacer visible la amenaza que implica la actividad petrolera en el mar. “Los animales no tienen voz, y son los más afectados. Ellos merecen nuestro cuidado y respeto. Con petróleo hay derrame, no hay vida marina. Afecta el turismo, la pesca, la biodiversidad. Nos afecta a todos”, sintetizaron los organizadores.
Las manifestaciones se enmarcan en un creciente movimiento ciudadano que se opone a la prospección sísmica offshore, una técnica utilizada en la fase inicial de exploración de hidrocarburos. El procedimiento implica la emisión de potentes ondas acústicas mediante fuentes de aire comprimido, remolcadas por embarcaciones especializadas, que impactan el fondo oceánico y permiten construir una imagen tridimensional del subsuelo. Los datos obtenidos se usan para identificar posibles yacimientos de petróleo y gas.
Las operaciones
En este caso, el proyecto en evaluación abarca un área de aproximadamente 51.000 kilómetros cuadrados en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay, a unos 120 a 130 kilómetros de la costa. La prospección se dividiría en cinco campañas que se extienden durante más de mil días, con operaciones planificadas para realizarse de forma continua: 24 horas al día, 7 días a la semana.
Las áreas a intervenir incluyen 7 bloques y se contemplan tanto zonas de aguas someras (entre 45 y 200 metros de profundidad) como áreas de aguas profundas, que llegan hasta los 4.300 metros. El modelo adoptado es el de “servicio multicliente”, por el cual ANCAP contrata a una empresa de servicios geofísicos para realizar la adquisición de datos sísmicos, con el derecho a licenciar esos datos a múltiples operadoras interesadas. APA Corporation —empresa matriz de Apache Corporation— y Searcher Geodata son dos de las compañías identificadas como principales impulsoras del emprendimiento.
Estudios “clave”
Desde el gobierno, se ha señalado que este tipo de estudios son clave para reducir la dependencia energética del país y fortalecer la seguridad energética mediante el eventual hallazgo de hidrocarburos. ANCAP sostiene que los datos modernos y de alta calidad permiten minimizar riesgos exploratorios y optimizar la caracterización del subsuelo.
No obstante, desde diversas organizaciones sociales y ambientales advierten sobre los impactos negativos que esta actividad genera sobre la vida marina. Las emisiones acústicas intensas afectan la comunicación, orientación y comportamiento de especies como ballenas, delfines, pingüinos, peces y moluscos. También se advierte un riesgo asociado a derrames futuros, con consecuencias irreversibles sobre los ecosistemas marinos y las actividades humanas vinculadas al mar, como la pesca artesanal y el turismo costero.
La Fundación Capitán Paul Watson, con presencia activa en Uruguay, ha calificado a esta práctica como un “atentado a la vida misma”. Desde su campaña pública hacen un llamado urgente a rechazar los proyectos liderados por APA Exploration y Searcher Geodata, y a defender el santuario de ballenas y delfines establecido por nuestro país en 2013.
Paralelamente, se abre una instancia clave para la participación ciudadana. De acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio de Ambiente clasifica los proyectos según su impacto (categoría A, B o C). Aquellos evaluados como “categoría C”, por implicar impactos negativos significativos, deben atravesar dos instancias públicas: la puesta de manifiesto y la audiencia pública. Actualmente, el proyecto de prospección sísmica se encuentra en la etapa de puesta de manifiesto, que habilita un plazo de 20 días hábiles para que cualquier persona pueda enviar comentarios, observaciones, sugerencias o preguntas. Desde los movimientos costeros —entre ellos la Red Unión de la Costa, que nuclea a comunidades, ciudadanía y academia en defensa del ambiente— se alienta a la población a ejercer este derecho, informarse y participar activamente.
“Este no es un tema técnico o lejano”, señalan desde la red, “nos interpela directamente: como habitantes de un territorio costero, como sociedad que apuesta a un desarrollo sostenible y como parte de un ecosistema que ya está bajo presión”. Las manifestaciones recientes que lograron convocar a multitudes, parecen ser apenas el comienzo de un proceso más amplio de movilización e incidencia ambiental.
