División jurídica del TCR pidió pasar a fiscalía el caso de las partidas de los ediles

De acuerdo al pronunciamiento de la Junta Departamental la partida aumentó de los 17:072.196 del año 2020 a los 24:180.000 del presente 2021; el aumento es del 41,63 por ciento

Cada edil de la Junta Departamental de Maldonado recibirá este año 780 mil pesos de acuerdo al monto fijado para la partida asignada a cada sector político con representación en el deliberativo fernandino. El dato surge de la observación interpuesta por el Tribunal de Cuentas de la República a la mencionada partida que cada sector con representación en el legislativo departamental percibe.
Desde el año 2015 cada sector político con representación en la Junta Departamental de Maldonado percibe una partida de dinero de forma proporcional al número de ediles que integren cada una de las bancadas.
La presidencia de la Junta Departamental resolvió el pasado 13 de octubre, medida que fue convalidada el 20 de octubre siguiente por la comisión de asuntos internos, modificar el artículo 2 de la resolución del año 2015 que creó esta partida destinada a los sectores políticos.
La nueva redacción quedó de la siguiente manera: ““A los efectos de la presente reglamentación entiéndase por Sector a cada Sublema de candidatos a la Junta Departamental que haya obtenido representación en dicho órgano del Gobierno Departamental o sectores conformados al amparo de lo previsto en el artículo 63 del Reglamento Interno de la Corporación”.
La misma resolución de octubre resolvió aumentar retroactivamente la partida para cada sector político un 28,33 por ciento desde el 1 de octubre de 2020, “sin esgrimirse argumentos para ello”, al decir del TCR. La partida, además, se ajustará por inflación en los meses de enero y julio de cada año.
De acuerdo al pronunciamiento de la Junta Departamental la partida aumentó de los 17:072.196 del año 2020 a los 24:180.000 del presente 2021. El aumento es del 41,63 por ciento.

Pronunciamiento
El TCR no solo observó la concesión de esta partida, sino que además sostuvo que la misma viola varios artículos de la Constitución de la República, entre ellos el 295º cuya redacción es la siguiente: “Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios. Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos.
“Las causales de observación se vienen repitiendo año a año desde 2015, sin que la Administración haya modificado su proceder, con lo cual se torna necesario no solo indicar las disposiciones que se han venido contraviniendo, sino explicitar en qué medida se vulnera cada una de las normas, a efectos de que cuente con los elementos necesarios para corregir la situación; 3) que en tal sentido, corresponde destacar que el gasto derivado de la partida de referencia carece de naturaleza resarcitoria o indemnizatoria, pues no se ajusta a las pautas establecidas para ello en la Resolución s/n de este Tribunal de fecha 22/12/2010”; sostiene la nueva decisión del TCR.
Y agrega: “Específicamente, la partida se asigna para cubrir ‘asesoramientos puntuales, gastos de materia de transporte, funcionamiento representación’, siendo que la Resolución del Tribunal expresamente indica que los gastos de asesoramiento deben ser observados y establece una serie de requisitos para admitir los gastos de transporte (declaración jurada, documentación probatoria, detalle de actividades realizadas, etc.) cuyo cumplimiento no se ha verificado en el caso concreto”
Y la considera, además, violatoria de la Constitución: “En consecuencia, al tratarse de una partida de carácter remuneratorio, se vulneraron los artículos 86 y 295 de la Constitución de la República”.
Además, el TCR asegura que las actuaciones cuentan con principio de ejecución, en contravención a lo que establece la norma constitucional y que el acto administrativo que dispuso el incremento retroactivo no explica los motivos que amerita el ajuste.

El aumento de la partida destinada a los ediles no solo generó una nueva observación del TCR. También generó la reacción de la División Jurídica del organismo que propuso elevar todos los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación. Los ministros, por decisión unánime, entendieron que no hay mérito para proceder en ese sentido.

 

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