La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) difundió una declaración pública en la que analiza el proyecto de ley “Servicio de Atención Médica Especializada en los Prestadores Públicos de Salud”, actualmente en estudio en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.
En el documento, el SAQ reconoce la existencia de un problema real y legítimo: la falta de especialistas radicados en el interior del país. “Ningún habitante del interior debería tener menos acceso a la atención especializada que un habitante de la capital”, afirma el sindicato, que se declara dispuesto a colaborar en su solución.
El SAQ destaca que ya trabaja junto a ASSE en iniciativas concretas para mejorar la cobertura especializada en el interior y subraya que “el camino del acuerdo y la articulación entre las partes produce resultados concretos, y los produce sin sacrificar derecho alguno”.
Entre las herramientas que considera eficaces y respetuosas de los derechos, el sindicato menciona la creación de centros docente-asistenciales para formar residentes en sus lugares de procedencia, los incentivos económicos por radicación en el interior, centros especializados en las distintas disciplinas quirúrgicas, distribuidos estratégicamente por el territorio, cargos integrales de alta dedicación, becas de formación con compromiso de retribución pactado voluntariamente, concursos con condiciones atractivas y una verdadera carrera funcional y telemedicina y consulta a distancia.
El SAQ enfatiza que estas soluciones deben construirse “con todos los actores involucrados —y nunca de espaldas a quienes deben llevarlas adelante—”.
Rechazo al proyecto en su forma actual
No obstante, el sindicato considera que el proyecto de ley, en su redacción actual, “no es el camino” porque compromete derechos fundamentales. Según la declaración, el proyecto obliga a todos los médicos que culminen un posgrado de especialización a prestar entre cuatro y dieciséis horas semanales en prestadores públicos de cualquier punto del país durante dos años. Quien no cumpla esta exigencia no recibirá la habilitación ni inscripción del título por parte del Ministerio de Salud Pública, lo que le impediría ejercer la profesión.
El SAQ fundamenta su posición en los siguientes argumentos:
- Configura trabajo forzoso, al obligar a profesionales ya titulados y habilitados bajo la amenaza de impedirles ejercer su especialidad. Esto, según el sindicato, viola la Constitución y convenios internacionales ratificados por Uruguay, como el Convenio N.º 29 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Avasalla la libertad de trabajo y la libertad de residencia garantizadas por la Constitución, al exigir el desarraigo temporal del especialista y su traslado donde lo determine la autoridad, con los costos y tiempo de viaje a su cargo.
- Impone un castigo desproporcionado y automático —la “muerte civil profesional”— sin garantías del debido proceso ni posibilidad de defensa.
- No resuelve el problema invocado, especialmente en especialidades con muy pocos egresados anuales, como neurocirugía, donde distribuir pocas horas semanales no modificaría la realidad del interior.
El SAQ afirma que su objeción de principio se mantiene independientemente del número de especialistas afectados, ya que “ningún derecho fundamental puede negociarse a cambio de resultados”.
Llamado a la colaboración
La declaración concluye que el sindicato comparte la preocupación por la falta de especialistas en el interior, pero rechaza la vía de la obligatoriedad porque “suele producir el efecto contrario al buscado”. “El SAQ rechaza este proyecto pero, al mismo tiempo, se compromete a colaborar en soluciones”, señala, y convoca a legisladores y autoridades a trabajar conjuntamente en medidas “reales, factibles y respetuosas de la libertad y la dignidad de los profesionales de la salud”.
