Una delegación de recurrentes y representantes de la Intendencia expusieron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes en torno a un proyecto que multiplicaría por cinco la edificación permitida en la zona
El proyecto inmobiliario, impulsado por el inversor Sergio Grosskopf, que prevé levantar un edificio de 17 plantas y 55 metros de altura sobre la rambla Claudio Williman—en la Parada 21— encendió las alarmas de los vecinos del barrio y derivó en un recurso de apelación ante la Cámara de Representantes, al amparo del artículo 303 de la Constitución de la República. La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recibió días atrás a ambas partes: primero a los recurrentes, y luego a una delegación de la Intendencia que defendió la legalidad del proceso y cuestionó la admisibilidad del recurso.
Un barrio
La delegación de vecinos estuvo integrada por la arquitecta Alma Bianchi, la señora Cristina Leoncini, el doctor José Sciandro y los vecinos Andrés González Bermúdez y Antonio Chechi. Este último fue el primero en tomar la palabra para describir el barrio en cuestión: una zona residencial consolidada desde hace décadas, de casas bajas unifamiliares en terrenos de entre 400 y 500 metros cuadrados, pegada al casco de Maldonado y con acceso directo a la playa de la Mansa.
El terreno en el que se proyecta el emprendimiento es el único predio libre de la zona y ocupa una manzana entera de 5.442 metros cuadrados. La normativa vigente permite construir hasta planta baja más tres pisos, con una altura máxima de 12 metros. Sin embargo, el proyecto presentado por Grosskopf propone 26.148 metros cuadrados construidos —casi cinco veces y media más de lo permitido— en 17 plantas que alcanzarían los 55 metros de altura.
“Nos parece totalmente desproporcionado”, señaló Chechi, quien además advirtió sobre el impacto en la evacuación de pluviales en una zona que ya presenta problemas históricos de drenaje. “No quiero imaginar lo que puede llegar a provocar un emprendimiento que impermeabilizará 5.442 metros cuadrados”, afirmó.
La arquitecta Bianchi señaló que la excepción que habilitó el trámite careció desde el inicio de fundamentación técnica. La normativa departamental exige que toda solicitud de excepción —sea de altura, factor de ocupación o retiros— sea debidamente argumentada. Sin embargo, según expuso, la documentación presentada por el arquitecto gestionante se limitó a describir el proyecto sin justificarlo. El único argumento esgrimido fue la existencia de una plaza infantil entre el edificio y el barrio como “colchón” para minimizar los efectos.
“La plaza tiene hamacas y subibajas y quedaría para siempre en sombra”, señaló Bianchi. Agregó que la Dirección de Urbanismo tampoco emitió ningún informe favorable, y que la Junta Departamental, al aprobar la excepción, solo argumentó el agradecimiento al inversor por la generación de empleo.
“Si alguien encuentra un argumento a favor, que lo apoye. Nosotros no encontramos ninguno; nadie lo encontró”, subrayó la arquitecta.
“Ejemplo paradigmático”
El doctor Sciandro, docente universitario e integrante del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del CURE, aportó el encuadre jurídico del recurso. Señaló que desde 2017 su departamento estudia el fenómeno de las excepciones en Maldonado como “ejemplo paradigmático” del uso de ese instrumento de ordenamiento territorial. Sostuvo que en este caso la discrecionalidad del poder se transformó en abuso, en tanto se otorgó a un particular un beneficio de tal magnitud —17 pisos adicionales— sin que mediara justificación de interés general, vulnerando el artículo 8 de la Constitución.
“¿Cómo se justifica que a un particular, sin ningún criterio de selección previo, se le otorguen quince pisos más que a otros empresarios que invirtieron en el mismo lugar respetando la normativa vigente?”, cuestionó Sciandro.
El vecino González Bermúdez, quien se crió en el barrio, puso el acento en el impacto cotidiano: las dos bajadas naturales hacia la playa de la Mansa pasan exactamente por donde se proyecta el edificio. “¿Es necesario meter 104 viviendas más en esa zona? La playa ya explota en verano”, dijo. Y añadió: “Hay hijos y entenados. Vivís toda la vida acá, hacés las cosas bien, y te cae un paracaidista”.
La Intendencia: el recurso es inadmisible
La delegación del gobierno departamental estuvo encabezada por el secretario general, doctor Álvaro Villegas, y el edil Luis Artola, presidente de la Comisión de Obras de la Junta. Villegas sostuvo que el recurso interpuesto es “absolutamente inadmisible” desde el punto de vista formal, ya que lo que se impugna no es un acto administrativo definitivo sino un acto de mero trámite.
Explicó que el proceso tiene tres fases: la solicitud de anuencia del intendente a la Junta, el acto de contralor de la Junta, y el dictado del acto administrativo definitivo que otorga la consulta de viabilidad. Los vecinos recurrieron las dos primeras fases —la Resolución 05737/2025—, sin haber impugnado la tercera, que es la Resolución 6127/2025, el acto definitivo.
“No estamos ante un decreto departamental ni ante un acto legislativo de la Junta; estamos ante un acto de contralor, que no es impugnable por esta vía”, sostuvo Villegas. Agregó que, incluso si se hubiera recurrido el acto definitivo, este tampoco sería pasible de apelación ante la Cámara, sino que correspondería una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Los plazos apremian
El diputado Joaquín Garlo planteó una duda relevante: si la consulta de viabilidad otorgada en julio de 2025 ya habría vencido, dado que el Digesto Departamental establece un plazo de seis meses de vigencia para ese tipo de actos. Villegas respondió que el expediente de permiso de construcción —posterior a la viabilidad— sigue activo, con observaciones pendientes de levantar por parte del solicitante, lo que indica que el proceso continúa en curso.
El diputado Álvaro Perrone fue categórico al reclamar que la Comisión se expida antes del 1° de julio de 2026, fecha en que vence el plazo para resolver el recurso. “Pretendo que la Comisión tome una resolución sobre este tema, cualquiera sea, antes del vencimiento del plazo”, afirmó. El presidente de la Comisión, Mario Colman, confirmó que quedan dos sesiones ordinarias antes de esa fecha, además de las extraordinarias que se convoquen.
El caso quedó así planteado en sus dos dimensiones: la de fondo, donde los vecinos denuncian un abuso en el uso de las excepciones urbanísticas, y la formal, donde la Intendencia sostiene que el recurso fue mal interpuesto. La Cámara de Representantes deberá pronunciarse en las próximas semanas.
