En la pasada sesión del legislativo departamental el Frente Amplio no votó el adicional de videovigilancia ya que a su entender se trata de un “capricho inconstitucional”. En los hechos se trata del mismo aporte que se cobró en los últimos años y que al finalizar el pasado período de gobierno se hizo necesario que el legislativo departamental autorizara su cobro por única vez durante el 2021.
“Artículo único: Establécese a partir del 1º de enero de 2021 y por un año, un adicional departamental a la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana, equivalente al 0,55% sobre los valores imponibles de dicho tributo. Su producido se destinará al sistema de video vigilancia pública en el Departamento de Maldonado”, expresa el único artículo del mencionado proyecto de decreto que fue enviado por Jesús Bentancur poco antes de finalizar su mandato, recordando que la actual administración municipal debió asumir sesenta días luego de los citados comicios. “En virtud de las disposiciones normativas invocadas, las autoridades departamentales y municipales electas en los comicios del 27 de setiembre de 2020 iniciarán sus funciones sesenta días después del acto eleccionario (26 de noviembre de 2020), esto es, escaso tiempo antes del inicio del período regular de pago de las obligaciones tributarias inmobiliarias”. “Que lo antes expresado, provoca que se postergue en el tiempo la entrada en vigor del nuevo Presupuesto Departamental; por ello, deben preservarse los recursos económicos de la Comuna, en atención a los principios de equilibrio, eficacia y eficiencia; en ese entendimiento, se estima pertinente extender por un Ejercicio la aplicación del adicional a la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, en mérito a lo dispuesto por el artículo 82 del Decreto Departamental Nº 3947, a efectos de contribuir al financiamiento del sistema de videovigilancia; dicha medida se enmarca en las acciones que puede tomar el Gobierno Departamental para contribuir a la sostenibilidad económica-financiera de la hacienda, hasta la estructuración del proyecto de presupuesto y la entrada en vigencia del próximo Presupuesto Departamental”, expresa el proyecto de decreto.

“Cuestionado sistema de videovigilancia”
A la hora de votar la aprobación el edil Joaquín Garlo dijo que se busca confirmar un decreto que envió la Intendencia, en el ejercicio pasado, que plantea “la extensión del cobro de un tributo de naturaleza dudosa que aprobó el Partido Nacional con el presupuesto pasado como adicional a la contribución inmobiliaria, de dudosa constitucionalidad, que es una tasa disfrazada”. Dijo que el objeto era y es la adquisición y puesta en funcionamiento del “cuestionado” sistema de videovigilancia.
Sostuvo que se trató “de un negocio oscuro desde el punto de vista jurídico y económico financiero y señaló que la IDM admite que los números no le dieron porque sacaron mal las cuentas y ahora quieren extenderlo por un año. Recordó que el sistema no se financiaba solo como se dijo y quedó demostrada la contradicción que existía dentro del Partido Nacional, la Intendencia y el propio 5to piso”. Garlo también afirmó que “un gobierno departamental le siga poniendo en el lomo a la población mayor carga tributaria es insólito” Y ejemplificó como paradójico “que ediles del Partido Nacional dicen que Maldonado está en dificultades, pero le extiende un tributo no se sabe para qué y señaló que no se sabe para qué porque el contrato original decía que eran 18 millones de dólares el costo total, pero se dijo después que eran 27”.
El edil recordó que “este tema del sistema de videovigilancia es un asunto complejo que compromete a actores muy comprometidos con la justicia, con el manejo de dineros, que fueron parte de este negocio y no quiere que eso se reitere. Si se plantea por parte de la IDM que se fortalecerá el sistema y se ampliará, espera que se generen los mecanismos de transparencia necesarios con licitación pública internacional, llamado a precios y no una empresa que traen algunos amigos”.
Recordó que desde el área jurídica de la IDM se les “negó la información sobre la inversión que se realizó y fue necesario recurrir a la justicia y agregó que las cámaras de la Intendencia costaron tres veces más que las que compró el Ministerio del Interior con licitación pública; eso llama la atención, dijo. Sostuvo que si el mal negocio lo hizo la Intendencia no tiene por qué el pueblo de Maldonado pagar caprichos del Intendente”.