Gobierno aprueba gasto directo de US$ 10,2 millones en arrendamiento de tobilleras electrónicas

El gasto se distribuirá en tres ejercicios fiscales: US$ 1.002.474 en 2025, US$ 4.488.350 en 2026 y US$ 4.738.968 en 2027

El Presidente de la República autorizó el gasto directo por excepción por un monto total de US$ 10.229.792, destinado al arrendamiento mensual de hasta 2.600 soluciones de indicadores de presencia y localización de personas.
Estos dispositivos, comúnmente conocidos como tobilleras electrónicas, se utilizan para proteger a víctimas de violencia de género y supervisar a personas en libertad asistida o salidas transitorias.
El gasto se distribuirá en tres ejercicios fiscales: US$ 1.002.474 en 2025, US$ 4.488.350 en 2026 y US$ 4.738.968 en 2027, financiados por el Inciso 04 del presupuesto nacional.
La resolución, emitida bajo la Compra Directa por Excepción N° 14/2025, se ampara en el numeral 3 del literal D) del artículo 482 de la Ley N° 15.903 (modificada por la Ley N° 19.889), que permite adquisiciones directas cuando existe un proveedor exclusivo.
En este caso, la firma argentina Surely S.A. fue seleccionada como la única capaz de suministrar las soluciones compatibles con la plataforma existente en el Ministerio del Interior. Según el documento oficial, esta empresa es propietaria exclusiva del servicio y ha sido la proveedora desde la implementación inicial del sistema en Uruguay.
El detalle de la adquisición revela un enfoque escalonado, adaptado a las necesidades crecientes del servicio.

Cobertura contínua
El total asciende a los mencionados US$ 10.229.792, con énfasis en la expansión del parque de dispositivos. Para 2025, se ejecutarán pagos por dos meses del ítem A1 (US$ 91.134) y cuatro meses de los 1.000 equipos nuevos para libertad asistida (US$ 911.340). En 2026 y 2027, se completarán los ciclos restantes, asegurando cobertura continua.
Esta medida surge de la necesidad informada por la Dirección General del Centro de Comando Unificado, que destacó la incompatibilidad de otros proveedores con la plataforma actual, implementada exclusivamente por Surely S.A.
La empresa, fundada en 1995 en Argentina, se especializa en soluciones de supervisión electrónica para personas en conflicto con la ley. En Uruguay, Surely S.A. instaló el primer sistema de prevención y protección para víctimas de violencia de género en Latinoamérica en 2012, y desde entonces ha mantenido el servicio con actualizaciones tecnológicas.
Sus operaciones abarcan países como España, Estados Unidos, Brasil y Colombia, utilizando tecnología probada para monitoreo 24/7.La justificación de la excepción radica en la continuidad operativa: los nuevos dispositivos deben cumplir con los requisitos de la Licitación Pública N° 22/2022, adjudicada a Surely en 2023 y ampliada en resoluciones posteriores (setiembre 2023, diciembre 2023, enero 2024 y setiembre 2024).
Esto incluye soporte, mantenimiento, capacitación y uso de la plataforma existente en la Dirección de Monitoreo Electrónico (DIMOE) y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA). Según el Ministerio del Interior, esta integración optimiza el cumplimiento de la seguridad pública.El Tribunal de Cuentas intervino en el proceso, aprobando la intervención del gasto en su Resolución N° 1447/2025 del 18 de junio, condicionada a la verificación presupuestal.

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