“Incumplimiento contractual: covid-19 como causa extraña no imputable”, por el Esc. Martín Soria

¿Qué es el incumplimiento contractual?
Los contratos son una de las fuentes de obligaciones y por ende el deudor se compromete a la realización de una determinada prestación (un dar, hacer o no hacer). Dicho esto, debe entenderse que existe incumplimiento contractual cuando el deudor no da la cosa, no hace el hecho a que estaba obligado, o hace lo que le estaba prohibido por la voluntad entre partes, inobservando así el comportamiento debido. Pero no solo se incumple en aquellos casos en que el deudor no realiza la prestación en las condiciones pactadas; sino también cuando ésta es cumplida en forma inexacta o tardía.

¿Qué tipos de incumplimiento existen?
La situación jurídica de incumplimiento, como posición en la que queda colocado un deudor, puede provenir de la culpa o dolo del deudor, o dificultad no insuperable en el cumplimiento de la prestación (incumplimiento voluntario); o de una causa extraña no imputable (incumplimiento fortuito).

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir un contrato?
Ante el incumplimiento voluntario por parte del deudor, al acreedor se le presentan dos opciones: a) por un lado puede optar por la ejecución forzada de la convención (obteniendo en forma coactiva la prestación debida, o su equivalente en dinero); o bien b) pedir la resolución del contrato por incumplimiento.

¿En qué casos la persona que incumple no incurre en responsabilidad?
Es de principio que el deudor que incumple es responsable. Pero, ahora bien, ¿qué sucede si este incumplimiento no le es imputable? En este caso (siempre que no haya sido constituido en mora antes del suceso), no solo se lo exonera de la responsabilidad, sino que también se extingue la obligación. Es así que una de las causas extrañas no imputables al deudor es el caso fortuito o fuerza mayor.

¿Qué se considera caso fortuito o fuerza mayor?
Ambos términos (que son considerados sinónimos) son circunstancias que eximen de responsabilidad al deudor que ha incumplido. Ésta puede derivar de hechos de la naturaleza o del hombre, y deben revestir el carácter de imprevisibles, irresistibles y externos.

¿En qué casos el caso fortuito o fuerza mayor puede ser una causal de resolución contractual?
Aquí se presentan dos escenarios. Por una parte, existe la posibilidad de que se haya previsto por las partes como causal expresa de resolución. En este caso, acaecido el hecho catalogado como caso fortuito o fuerza mayor, la convención quedaría resuelta de pleno derecho (“ipso jure”); más allá de la posible necesidad de recurrir a la vía judicial por cuestiones prácticas.
Y por otra parte, cabe la posibilidad de que el caso fortuito o fuerza mayor sea una causal implícita de resolución (sin que esté dispuesta como causal expresa). En este caso, se requiere que esta especie dentro del género causa extraña no imputable, haga la prestación “absoluta y objetivamente imposible”. Es de rigor destacar que la mera dificultad a la hora de la ejecución de la prestación no es suficiente para pretender resolver un contrato en función de lo antes narrados, sino que debe existir un impedimento que no pueda vencerse.

¿Es el COVID-19 un ejemplo de caso fortuito o fuerza mayor?
No cabe ninguna duda que el coronavirus (COVID-19) es un claro ejemplo de caso fortuito o fuerza mayor, ya que reviste todas las características para que sea considerado como tal. Ahora bien, cabe cuestionarse cómo lesiona esto el normal desarrollo de los contratos ya suscriptos. Para dar respuesta a esto, es de rigor analizar cada contrato en específico ya que en muchas ocasiones podría resolverse la convención por esta causa, eximiendo al deudor de toda responsabilidad; pero para aseverar esto, es necesario el análisis exhaustivo del pacto en particular.
Sin perjuicio de lo antedicho, no cabe duda es que la incidencia que tenga el COVID-19 en un vínculo contractual preexistente, dependerá fundamentalmente de las previsiones expresas realizadas por las partes a la hora de suscribir la convención y de la forma en que se vea afectada (o no) la posibilidad de ejecutar la prestación debida por el deudor.

Del Estudio Heber & Asociados