La Intendencia de Maldonado resolvió presentar una denuncia penal por presuntas irregularidades en el fraccionamiento Sierras del Tirol, en la cuenca de la Laguna del Sauce.
La resolución, firmada el 3 de febrero por el intendente Miguel Abella y el secretario general Álvaro Villegas, se basa en inspecciones que detectaron la apertura de calles sin autorización en una zona de fragilidad ecosistémica. Según el documento, estas obras afectaron vegetación nativa y paisajes protegidos.
Todo empezó por una denuncia anónima sobre movimientos de tierra sospechosos. Inspectores de la Dirección de Ambiente y Ordenamiento Territorial visitaron el lugar y constataron la apertura de vías en padrones no consolidados (como los 1420 al 1438, 1439 al 1464, 1396, 1389 y 1629, entre otros).
Fragilidad ecosistémica
El Departamento de Gestión Territorial recordó que, desde la Resolución 5339/2020, rige la suspensión de autorizaciones para fraccionamientos, urbanizaciones o construcciones en la cuenca, hasta que se apruebe el Plan Local de Ordenamiento Territorial definitivo. La zona se clasifica como suelo suburbano de fragilidad ecosistémica, con vegetación nativa de relevancia y valor paisajístico.
Las inspecciones se intensificaron en diciembre de 2025: el 19 se pidió al Municipio de Piriápolis que controlara para evitar más obras; el 23 se georreferenciaron las áreas afectadas; y el 30 la directora de Ambiente, Gabriela Villarino, recorrió el sitio junto a funcionarios del Ministerio de Ambiente (incluido el director de DINACEA, Alejandro Nario) y del Ministerio de Ganadería.
El informe jurídico de la Intendencia concluye que los hechos tienen “apariencia delictiva”, por lo que corresponde radicar la denuncia penal. No se califica el delito específico, ya que eso lo determinará la Fiscalía. No se identificó aún a los responsables: el fraccionamiento es de 1942 y no se atribuye al propietario original; la única pista surge de testimonios de vecinos.
La Dirección de Asesoría Jurídica se encargará de presentar la denuncia y comunicará a las direcciones de Gestión Territorial y Ambiente. La Fiscalía investigará si se configuran delitos ambientales, como violaciones al ordenamiento territorial o daños a ecosistemas protegidos.
