El intendente de Maldonado, Miguel Abella, enfrenta múltiples desafíos para garantizar los ingresos nacionales destinados al departamento, en el marco del artículo 214º de la Constitución de la República, que establece el mecanismo de distribución de recursos nacionales a los gobiernos departamentales a través de las alícuotas.
En su reciente participación en el Congreso de Intendentes, Abella expresó su preocupación por mantener, y en lo posible incrementar, los fondos que recibe Maldonado, un departamento clave por su relevancia turística y su crecimiento poblacional.
El principal desafío señalado por Abella es evitar una reducción en los ingresos provenientes del artículo 214º, que regula las transferencias nacionales a las intendencias. Según sus palabras, “lo primero es tratar de mantener lo que tenemos, no perder nada”, ya que los coeficientes manejados inicialmente podrían implicar “una pérdida grande” para Maldonado. Este artículo constitucional establece que el Presupuesto Nacional debe asignar un porcentaje de los ingresos nacionales a los gobiernos departamentales, distribuido según criterios como población, extensión territorial y necesidades específicas.
Maldonado, con una población de 212.000 habitantes según el último censo y una afluencia turística que suma 40.000 personas adicionales en fines de semana, depende significativamente de estas transferencias para financiar servicios esenciales como infraestructura, limpieza y seguridad, que son fundamentales para su atractivo como destino turístico.
Abella destacó que los coeficientes de distribución actuales podrían perjudicar al departamento, lo que refleja la necesidad de negociar con el gobierno nacional, liderado por el presidente Yamandú Orsi, para garantizar que Maldonado no vea reducidos sus fondos. Este desafío se ve complicado por la situación económica general de Uruguay, donde otras intendencias también compiten por recursos, y por el déficit acumulado pero “ordenado” que Abella heredó de la gestión de Enrique Antía. Mantener los niveles actuales de aporte requiere un diálogo político estratégico y un enfoque técnico para justificar las necesidades del departamento ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Actualización de los aportes constitucionales
Otro reto importante es la actualización de los fondos asignados que otorga 200 millones de pesos anuales a Maldonado, sin ajustes desde 2020. Abella propone llevar esta cifra a 600 millones, argumentando que la inflación y el crecimiento del departamento justifican un incremento. El ajuste por inflación a julio de este año equivale a 297.584.246,54 pesos, según cálculos de Correo de Punta del Este.
“Siempre considerando para arriba de lo que hoy tenemos como aporte”, afirmó, subrayando su objetivo de no solo mantener, sino aumentar, los recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura. Este desafío implica negociaciones con el Poder Ejecutivo y los ministerios correspondientes, ya que los recursos adicionales dependerán de la disponibilidad presupuestal nacional y de la capacidad de Maldonado para presentar proyectos viables que justifiquen la inversión.
La falta de actualización de estos fondos representa un obstáculo significativo, ya que el valor real de los 200 millones de pesos ha disminuido con el tiempo, afectando la capacidad de la intendencia para responder a demandas crecientes, como el mantenimiento de la costa, la seguridad y la atención a una población en expansión. La negociación con el gobierno nacional será clave, y Abella confía en que la experiencia de Orsi como exintendente de Canelones facilitará un diálogo más empático y efectivo, ya que “sabe de las necesidades de cada uno de nosotros”.
Gestión social y necesidades locales
Además de los desafíos financieros, Abella enfrenta la tarea de descentralizar la gestión social, acercando servicios a los barrios y abordando problemas como la salud mental, las adicciones y la infraestructura urbana (asfalto y veredas). Estas prioridades, que forman parte de su plan de gobierno, también requieren recursos nacionales para complementarse con las inversiones locales. La creciente población de Maldonado, evidenciada por el censo, y la presión turística estacional exigen una planificación que combine fondos nacionales con una gestión eficiente para mantener la calidad de vida y el atractivo del departamento.
214º
El Artículo 214 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece el marco para la distribución de recursos nacionales a los gobiernos departamentales, asegurando que las intendencias reciban una parte de los ingresos nacionales para financiar sus funciones. Específicamente, este artículo, que forma parte de la Sección XVI, Capítulo II, sobre el gobierno y la administración de los departamentos, indica que el Presupuesto Nacional debe incluir una partida destinada a las intendencias, distribuida según criterios establecidos por la ley. El texto del Artículo 214, según la Constitución de 1967 (vigente con modificaciones), es el siguiente: “Artículo 214. El Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos incluirá en cada ejercicio una partida destinada a los Gobiernos Departamentales, la que será distribuida entre estos en proporción a la población de cada departamento, según el último censo general. La ley podrá establecer otras normas para determinar la distribución de esta partida.
Distribución de recursos:
El artículo garantiza que los gobiernos departamentales (intendencias) reciban una asignación presupuestal proveniente de los ingresos nacionales. Esta partida es fundamental para financiar servicios locales como infraestructura, limpieza, seguridad, salud y otros gastos operativos.
Criterios de distribución:
La distribución se basa principalmente en la población de cada departamento, según el último censo oficial. Sin embargo, el artículo permite que la ley establezca otros criterios adicionales, como la extensión territorial, las necesidades específicas o el desarrollo económico, lo que da flexibilidad para ajustar las alícuotas.
Importancia para Maldonado:
En el contexto de las declaraciones de Miguel Abella, el Artículo 214 es crucial porque los fondos que recibe Maldonado dependen de estas alícuotas. La preocupación de Abella radica en evitar una reducción en los coeficientes de distribución, que podrían disminuir los recursos del departamento, y en actualizar partidas específicas (como los 200 millones de pesos mencionados, sin ajuste desde 2020) para reflejar el crecimiento poblacional y las demandas turísticas.
Negociación con el Poder Ejecutivo:
La implementación del artículo requiere negociaciones entre las intendencias, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Poder Ejecutivo, como se desprende de las palabras de Abella sobre sus reuniones para discutir los “números de las alícuotas”. Estas negociaciones son clave para garantizar que los recursos asignados sean suficientes para las necesidades de cada departamento.
