El diario La Nación de Buenos Aires consignó este tema en una nota en la que brindó y recolectó información sobre la polémica que estalló en el balneario. “Hoy, los vecinos de José Ignacio están en pie de guerra. Argumentan que hay dos proyectos inmobiliarios que violan normas ambientales y de construcción, y que, “por obra de quién sabe qué”, no son sancionados. Unidos en una alianza vecinal, argentinos, europeos y uruguayos parecen decididos a defender su posición y su nuevo hábitat con todos los recursos disponibles. Incluso, se han adelantado y han enviado una carta al presidente Luis Lacalle Pou. Entienden -y destacan- la importancia de ganar esta batalla”, sostuvo el rotativo porteño. Una de las fincas es propiedad de la ciudadana argentina Siobhan Dumas de Sánchez Elía, hija del fallecido y reconocido chef argentino, Carlos Alberto “Gato” Dumas. La otra casa es propiedad del empresario argentino Andrés Reinaldo Rossi. El abogado Mauricio Fioroni, asesor legal de la Liga de Fomento de José Ignacio, piensa que ambas casas serán demolidas por entender que las mismas no se ajustan a los parámetros vigentes en la materia. Sobre este aspecto, estima que en un 75 por ciento las casas serán tiradas abajo. La Liga de Fomento inició acciones legales para poner a las dos casas dentro de la normativa vigente.
Parámetros
La ordenanza vigente para José Ignacio establece que la altura de las casas puede superar los seis metros y sus elementos de construcción no pueden ser ni hormigón, ni acero. Las casas tampoco pueden ser erigidas sobre la arena del médano (salvo que esto se haga sobre pilotes, con los cuales se puede evitar el contacto con el suelo natural).
Carta al presidente
Por este tema los vecinos de José Ignacio remitieron en el mes de enero una nota al presidente Luis Lacalle Pou. “Los abajo firmantes, vecinos de José Ignacio, tenemos el agrado de dirigirnos a usted respetuosamente, para ponerlo en conocimiento de la nota que aquí acompañamos presentada ante la Justicia en el día de la fecha y con motivo de la demanda judicial que hoy inicia la Liga de José Ignacio”, sostuvo la misiva.
“Las obras que en la playa Brava han avanzado grandemente, entristecen a la comunidad toda, presenciando un atentado contra el medio ambiente de importantes magnitudes con consecuencias que ya se aprecian y efectos a medio plazo devastadores para la configuración de la costa, para el paisaje y en general para la calidad y el desarrollo sostenible de un destino natural icónico de este país”, continuó la misiva.
“Debemos decir también que es igual de grave lo acontecido en los expedientes donde se han canalizado los planteos de la sociedad civil ante el Ministerio de Ambiente recientemente creado y esto no solo es una bofetada al más básico sentido común, sino que entendemos no representa en nada a las mejores tradiciones de las instituciones de Uruguay y a la autoridad moral con la que su gobierno se encuentra transitando este difícil periodo de nuestra historia”, agregó la nota.
