Los fiscales, nucleados en la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, se declararon en conflicto como protesta por algunas de las medidas de trabajo dispuestas por la Fiscalía de Corte.
Los fiscales agremiados tomaron esta medida en respuesta a disposiciones de la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, quien asumió el cargo tras la jubilación de Juan Gómez.
El conflicto surgió principalmente por la decisión de Ferrero de asignar tareas administrativas a fiscales, como la revisión de expedientes en el archivo, lo que consideran una “desnaturalización” de sus funciones. Esto se suma a tensiones previas por la falta de asignación de cargos vacantes y la redistribución de competencias, lo que ha generado malestar en el colectivo. Como medidas, los fiscales anunciaron que no cumplirán con esas tareas administrativas, priorizarán casos según su criterio y realizarán asambleas para definir próximas acciones, sin descartar paros.
Este episodio refleja una situación de fricción interna en el Ministerio Público, que en Uruguay depende administrativamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, aunque mantiene independencia técnica en sus funciones.
Por otra parte, la actual jerarca del Ministerio Público negó el derecho a la lactancia de las magistradas que son madres y les prohibió a los fiscales sacar licencia durante su turno “ni por enfermedad de familiares directos”.
