En una ponencia realizada este martes en el legislativo comunal, el edil frenteamplista Federico Guerra admitió que si la terminal de Maldonado debió ser vallada fue en parte por un conflicto entre las empresas de transporte y el concesionario, pero estimó que la Intendencia también tiene “responsabilidad” en el asunto. Al respecto, propuso que la Junta convoque al director de Transporte de la IDM, Juan Pígola, en régimen “de comisión general”, para analizar lo sucedido. Mientras tanto, el jefe comunal Enrique Antía dio su versión de los hechos y avaló lo actuado por los concesionarios ante la falta de pago de algunas empresas (ver nota aparte).
El edil Guerra consideró que el vallado que se colocó para impedir el ingreso a los ómnibus de las empresas que no pagan lo que deben a la terminal, tuvo mayor destaque por cuanto se produjo un fin de semana “largo”. En estas fechas, también se recordaba el Día de la Construcción, por lo que algunos trabajadores radicados en Maldonado iban a viajar a sus departamentos de origen. Por eso estimó que la decisión de no permitir el ingreso de los ómnibus “causó una molestia y un perjuicio a los usuarios. Tenían que caminar a otro lugar para tomar el colectivo, porque muchos de ellos se movilizan para ver a sus familiares y mantener sus orígenes. También generó problemas con el tránsito y situaciones, inclusive, de riesgo por donde estacionaban los ómnibus”, señaló.
Guerra aseguró que hubo “responsabilidades compartidas”. Por un lado, de las empresas que se han negado a pagar “una obligación, como es el toque de andén”, que es ley para Maldonado, aunque “le cobran tasa de embarque al usuario”. No obstante, dijo que “también hay responsabilidad de los concesionarios” por aplicar “una medida de fuerza que no tiene la potestad ni derecho de tomar”.
A su juicio, eso no soluciona el problema, “porque las empresas de transporte vendieron los boletos igual, y al mismo precio. Y si los sacaron en la terminal, pagaron la tasa de embarque”.
“Mal tomada”
El legislador dijo que hubo una “medida muy mal tomada, en una mala fecha, justamente sobre esas tres empresas. Pero también hay responsabilidad de la Intendencia”, que si bien no dio la orden de vallar “termina avalando la medida, porque deja que se valle y permitió que sucediera, desprotegiendo a los usuarios. Toma partida en un conflicto en forma indirecta. No ejerce su autoridad. Tampoco lo hace con las empresas del transporte que no cumplen con la ley departamental”, añadió.
El edil dijo que el gobierno nacional hace una renuncia fiscal para atraer turismo, pero no quita los subsidios a quienes más los necesitan, sino que “los mantiene. Esa es un gran diferencia sobre cómo gobierna el frente Amplio y cómo lo hace el Partido Nacional”, señaló.
Guerra manifestó que esto tiene que ver “con una pésima política de transporte que se está llevando a cabo en el departamento de Maldonado”. “Le quitamos subsidios al transporte colectivo departamental y subsidiamos a una línea aérea extranjera”, señaló. Asimismo, sugirió que el director de Transporte de la IDM, Juan Pígola, concurra a la Junta “en régimen de comisión general. Esto no puede quedar solo en un hecho anecdótico. Hay que buscar soluciones. No es perjudicando a los usuarios del transporte colectivo. Hay que buscarlas por otros lugares”, afirmó.
