El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, alertó este miércoles sobre la falta crónica de recursos para la seguridad en las sedes especializadas en violencia basada en género en el interior del país.
Su denuncia se centra en un incidente ocurrido hace dos semanas en San Carlos, que expuso las deficiencias estructurales en la protección de jueces, funcionarios y víctimas.
“Las sedes están desprotegidas”, afirmó Pérez, detallando cómo un episodio de desorden público frente a uno de los juzgados locales requirió la intervención de la Policía, ante la ausencia de fondos para contratar servicios de custodia privada.
El hecho, registrado el 17 de septiembre alrededor de las 11:00 horas frente a la sede de Violencia Basada en Género involucró a un hombre en situación de calle que, según fuentes policiales consultadas por este medio, comenzó vomitando sobre el vehículo estacionado de una funcionaria judicial. El individuo, de unos 45 años y con antecedentes de problemas de salud mental, escaló rápidamente el desorden: gritaba insultos, arrojaba objetos y se abalanzó contra la entrada del edificio, generando pánico entre el personal y las víctimas que esperaban audiencias.
Ante la solicitud expresa de una jerarca judicial de Montevideo, quien se encontraba en el lugar para una inspección, el jefe de Policía de Maldonado movilizó un patrullero. Los agentes redujeron al sujeto tras una breve refriega. Luego de las actuaciones iniciales en la seccional local, el hombre fue derivado al Hospital de San Carlos para evaluación psiquiátrica y, finalmente, internado por un cuadro de esquizofrenia descompensada, según confirmaron las autoridades sanitarias. No se formularon cargos penales.
222
Pérez, en su declaración más extensa sobre el tema en lo que va del año, no escatimó en críticas al sistema presupuestario. “No, no había seguridad. Hay que pagar servicios 222, no nos dan los fondos para los servicios dos veintidós”, explicó, refiriéndose a la partida presupuestaria del Poder Judicial que, para 2025, asigna apenas 1,2 millones de pesos uruguayos anuales a seguridad en todo el interior, un monto que cubre solo el 30% de las necesidades estimadas por la SCJ. “¿En todos los juzgados pasa esto? Prácticamente en todos, algunos penales y algunas cosas tenemos alguna, alguna protección, pero no, nunca así todo”, agregó. El jerarca relató el incidente en San Carlos, “hubo que llamar al jefe de policía para que nos solucionara el problema, porque claro, no tenemos… No le podemos decir ‘manden un dos veintidós’ porque no tenemos con qué pagarlos”. La denuncia resuena con las quejas paralelas de los fiscales. “En las sedes están totalmente desprotegidas. Hemos tenido episodios de gente que ha saltado la baranda y ha amenazado a funcionarios, gente que se ha cortado las venas en el juzgado, todo un montón de problemas”, dijo el titular de la SCJ. Destacó que solo los jueces de crimen organizado cuentan con custodia fija –generalmente un oficial de Policía Nacional–, mientras que “los demás prácticamente no. En el interior no, no tienen custodia ninguno. Incluso nosotros [en la SCJ] no tenemos custodia”. Sobre la asignación de protección, Pérez fue cauto pero firme: “¿Y la custodia que tienen? Unos… mmm, diría que es por lo menos lo mínimo tienen, ¿no? ¿Y al momento de asignar más custodia? Eso le queda a la interna –al Ministerio del Interior–, de acuerdo a lo que tenga… las informaciones que tenga”. Insistió en que, aunque “entienden que están cuidados los jueces y relativamente”, se podría “dar mayor custodia a otros jueces que no tienen”.
El Ministerio del Interior, por su parte, emitió un comunicado breve sobre este tema: “La Policía Nacional colabora activamente con el Poder Judicial en emergencias, pero la contratación de servicios privados es competencia presupuestaria de la SCJ. Se evalúan protocolos conjuntos para sedes de alto riesgo”.
